Episcopado fulmina el proyecto oficial de reforma judicial

Edición Impresa

"La elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura es un mecanismo que parece reñido con la norma constitucional, y que en todo caso convertirá a un órgano que debe ser técnico y riguroso en escenario de luchas partidarias. La politización de los jueces es inadmisible y conspira contra la neutralidad que cabe exigir de ellos, y que se expresa en la prohibición vigente de afiliación partidaria". La Comisión de Justicia y Paz del Episcopado argentino fulminó ayer a través de un comunicado el proyecto, aún no presentado, de Cristina de Kirchner para "democratizar la Justicia. En el inicio del año electoral, y luego de una tregua de los obispos, esta comisión episcopal presidida por el laico Eduardo Serantes desplegó una batería de críticas, más que contra los proyectos de ley que nadie conoce, contra el discurso presidencial del 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa.

"Los poderes elegidos por voto popular directo (Congreso y Poder Ejecutivo) tienen ya un rol definido por la Constitución en el proceso de selección de jueces. El Consejo de la Magistratura había alcanzado un funcionamiento razonable hasta la última reforma legal que afectó su funcionamiento, precisamente por la mayor injerencia política en su composición. Es imperativo evitar toda demagogia en el planteo de estas cuestiones y preservar lo que la Constitución manda en la materia", expresó la comisión que tiene al obispo de San Isidro, Jorge Casaretto, como uno de sus principales aseores. Esta rama del Epsicopado llegó incluso a comparar las reformas propuestas por la Presidente con las políticas neoliberales de la década del 90 y, al igual que el diputado radical Ricardo Gil Lavedra, advirtió sobre el estado de indefensión patrimonial de los ciudadanos ante una eventual limitación de las medidas cautelares contra el Estado: "La prohibición de medidas cautelares o ejecutivas en contra del Estado sería la reedición de medidas ya tomadas en los años 90, para impedir o limitar el ejercicio de los derechos. Los eventuales abusos de esos institutos no pueden ser excusa para privar a los ciudadanos de las herramientas que muchas veces son su última esperanza frente a la arbitrariedad o el abuso del poder, especialmente en un momento en que el Estado abarca cada vez más áreas de la vida económica y social. En la crisis del año 2002 fue la vigencia de las medidas cautelares y la prudencia y valentía de los jueces en su utilización lo que permitieron a miles de ciudadanos preservar sus patrimonios".

La Comisión Nacional de Justicia y Paz es un organismo de la Conferencia Episcopal Argentina de la Iglesia Católica que trabaja buscando contribuir a la unidad nacional en el marco del diálogo.

Está conformado por 17 miembros y es la única del Episcopado que no está compuesta enteramente por obispos. El pronunciamiento de justicia y paz coincidió ayer con la última jornada de la 164ª reunión de la Comisión Permanente, presidida por su titular, el arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo.Durante la reunión, los obispos rezaron por los cardenales que tienen la misión de elegir al nuevo pontífice y expresaron su gratitud al papa Benedicto XVI.

La próxima Asamblea Plenaria de de Obispos será en El Cenáculo (Pilar) del 15 al 20 de abril.

Otro de los tramos críticos del documento episcopal a cargo de Serantes advierte que "la utilización del poder estatal o la amenaza de su uso, para torcer la voluntad de los jueces a favor de los intereses del Gobierno, merecen la mayor condena y no pueden ser nunca justificadas alegando supuestas o reales presiones pretendidamente simétricas ejercidas por privados. Pensando en los pobres y los más débiles, una de las metas que deberían tener los gobernantes es organizar una Justicia de menor cuantía, cercana y de bajo costo, a la que todos puedan tener acceso y que resuelva los litigios con celeridad y sencillez". Y también ensaya una defensa corporativa de la Justicia: "Después de treinta años de democracia, carece de sentido vincular al actual Poder Judicial con la dictadura militar. Todos los jueces actuales, incluyendo los muy pocos que lo fueron en épocas de dictadura y hoy siguen ejerciendo la Magistratura en la Corte Suprema o en otros tribunales, han recibido el acuerdo del Senado y la designación del Poder Ejecutivo según mecanismos constitucionales".

Luego de esta batucada de objeciones contra el proyecto del kirchnerismo, la Comisión de Justicia y Paz realizó una concesión a la iniciativa de la Casa Rosada: "Hay que saludar con beneplácito la idea de una mayor transparencia judicial. Los argentinos hemos visto con escándalo el espectáculo de jueces que exhiben joyas, propiedades o un nivel de vida impropio de sus ingresos conocidos. Sería deseable que esa política se extienda a todos los poderes y órganos del Estado, que se reactiven los organismos de control hoy paralizados, y se implementen de modo efectivo los mecanismos de lucha contra la corrupción y de vigencia de la ética pública".

Dejá tu comentario