España: huelga amenaza reforma por déficit

Una marcha pidió en Madrid un referendo antes de que se vote la reforma constitucional con la que el Gobierno quiere limitar el déficit y tranquilizar a los mercados.

Madrid - España arrancó ayer un nuevo curso político que no durará ni tres meses pero en el que, antes de las elecciones generales anticipadas por José Luis Rodríguez Zapatero al 20 de noviembre, se aprobará una modificación de la Constitución pactada por los dos grandes partidos para tranquilizar a los mercados. Contra ella saldrán a la calle el próximo 6 de septiembre los sindicatos, que, según anticiparon ayer, no descartan una nueva huelga general después de la de hace un año.

Si se cumple el guión previsto, la reforma de la carta magna para limitar en ella el déficit público estará aprobada en menos de dos semanas, un tiempo récord contando con que Zapatero lanzó la propuesta el pasado martes y su Partido Socialista (PSOE) cerró el acuerdo con el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy tan sólo tres días después.

La limitación del déficit público por la vía constitucional supone una «grave limitación al autogobierno conjunto del país» y será una «amenaza permanente para las instituciones del Estado del bienestar», aseguraron ayer Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), los grandes sindicatos. Será un nuevo «sacrificio inútil y erróneo al altar de los mercados», dijeron.

CCOO y UGT convocaron una «gran manifestación» en Madrid para el próximo 6 de septiembre, un día antes de que el Senado dé la aprobación parlamentaria final a la reforma constitucional, que este viernes recibirá el visto bueno del Congreso de los Diputados.

La reforma exprés de la Constitución ha causado malestar en el espectro político y social de la izquierda española, que ve en ella la introducción en la carta magna de un principio neoliberal que condicionará las políticas sociales de los próximos gobiernos.

Los críticos defienden la necesidad de consultar en referendo a los españoles la modificación constitucional, la segunda desde la que en 1992 ordenó el Tribunal Constitucional para adaptar la ley al Tratado de Maastricht. Miles de personas convocadas por el «movimiento de los indignados» salieron el domingo a la calle en ciudades de todo el país exigiendo la consulta ciudadana.

Según lo pactado por el PSOE y PP a un mes de que el 27 de septiembre se disuelva el Parlamento español, la Constitución establecerá el obligado cumplimiento de un «déficit estructural máximo». La cifra concreta, el 0,4%, no estará no obstante recogida en la carta magna, sino que se establecerá en una ley orgánica que tendrá que ser aprobada antes del 30 de junio de 2012 para ser cumplida a partir de 2020.

«¿Quién ha dicho que sea de izquierdas endeudarse?», defendió el domingo el sucesor de Zapatero en las elecciones del 20 de noviembre, el exvicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, quien hace tan sólo unas semanas se oponía a una reforma semejante propuesta por el PP.

«No hay nada que hipoteque más a una sociedad que una deuda de lo que no puede pagar», dijo el candidato socialista, que se enfrentará a Rajoy en unos comicios en los que las encuestas dan una holgada victoria al partido conservador en una España sumida aún en una grave crisis económica y con cerca de cinco millones de desempleados.

Si ya tenía complicado remontar esas encuestas, Rubalcaba tiene ahora que convencer a la izquierda -sobre todo a los votantes socialistas desencantados por las medidas de ajuste de Zapatero- de que la limitación constitucional del déficit público no es una medida neoliberal.

En las propias filas socialistas han surgido voces discrepantes pidiendo también un referendo sobre ella. A ellas trataron ayer de convencerlas Zapatero y Rubalcaba. Ante la dirección socialista reunida en Madrid defendieron la reforma como «imprescindible».

Ni el PSOE ni el PP quieren la celebración de un referendo sobre el acuerdo al que llegaron en tiempo récord la semana pasada, después de que Zapatero propusiera la medida tras un verano boreal en el que los mercados acosaron a España, la prima de riesgo se disparó hasta superar los 400 puntos y el Banco Central Europeo tuvo que salir en ayuda del país, comprando deuda española en el mercado secundario.

Esta reforma «no requiere referendo», insistió ayer la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. «La Constitución no lo exige», dijo, por su parte, el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias. Además, añadió, si se celebrara la consulta, «se transmitiría incertidumbre a quienes queremos transmitir certidumbre». Es decir, a los mercados.

Por el momento no ha propiciado ni una importante baja de la prima de riesgo ni una importante subida de la Bolsa, aunque la agencia de calificación Moodys -que en marzo rebajó la nota de la deuda pública española a la tercera posición más alta en su escala- celebró ayer la reforma como «positiva» y aseguró que la tendrá en cuenta.

Agencia DPA