Madrid - El Estado español sufrió ayer en la Justicia alemana una de sus mayores derrotas judiciales y políticas desde el estallido de la crisis independentista en Cataluña que abrió la peor crisis institucional de las últimas décadas en el país.
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Casi cinco meses después de que Carles Puigdemont fuera detenido cuando ingresaba en auto a Alemania, un tribunal del norte del país admitió la entrega a España del expresidente catalán sólo por malversación y rechazó hacerlo por rebelión, el cargo más grave que se le imputa en España.
La medida no sólo mejora sustancialmente el horizonte judicial del hombre que puso en jaque a la unidad del país: también cuestiona toda la estrategia seguida por la Justicia española contra los políticos procesados por el plan independentista y da nuevo aire al soberanismo.
"Hemos derrotado la principal mentira sostenida por el Estado", celebró en Twitter el propio Puigdemont tras conocerse la noticia. Su sucesor en el Gobierno catalán, Quim Torra, consideró que el paso de la Justicia alemana "demuestra una vez más los engaños y mentiras de una causa judicial que nunca se tendría que haber iniciado".
El impacto judicial, político y anímico de lo ocurrido es evidente y podría marcar un punto de inflexión en nueve meses de crisis en Cataluña. Y es que la acusación de rebelión contra Puigdemont y otros 14 políticos catalanes es el núcleo de la respuesta judicial que dio el Tribunal Supremo español, impulsado por el entonces presidente español Mariano Rajoy, al proceso secesionista en la región, culminado el 27 de octubre con una declaración de independencia aprobada en el Parlamento catalán.
También es su aspecto más polémico: el delito de rebelión, penado con hasta 30 años de cárcel en España, se define como un intento de cambiar el orden constitucional con medios violentos. Diversos expertos cuestionaron desde un principio que este último requisito se diera en el caso del plan soberanista.
"El Tribunal Supremo español debe plantearse ahora si tenemos una Justicia europea o no", dijo Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont en España. El letrado adelantó que la defensa además recurrirá ante el Tribunal Constitucional de Alemania la entrega por malversación, lo que, aseguró, paralizaría todo el proceso.
Más allá del caso personal de Puigdemont, el hecho de que Alemania no viera un delito de rebelión tendrá "un impacto jurídico importante" en el resto de encausados por el plan independentista. Quince de ellos están procesados por rebelión, nueve de los cuales llevan varios meses en prisión preventiva.
Como todo en la larga crisis independentista que tiene en vilo a España desde mediados del año pasado, la esperada decisión del Tribunal alemán abre un escenario imprevisible, en parte porque se da en un contexto muy diferente del que existía cuando el Supremo español activó las órdenes europeas de detención a fines de marzo.
La llegada del socialista Pedro Sánchez al Gobierno tras destituir al conservador Rajoy con una moción de censura en junio reabrió los canales de diálogo entre el Gobierno central y el catalán.
Lo único seguro es que la estrategia de la Justicia española, respaldada al menos de forma implícita por el entonces Gobierno de Rajoy, sufrió un nuevo revés internacional que la vuelve cada vez más insostenible. En las próximas semanas se verá si este nuevo giro descomprime la crisis o alienta una nueva escalada.
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