España ya tiene ley antipiratería

Madrid-El Congreso de los Diputados español aprobó ayer la controvertida normativa antidescargas para luchar contra la piratería en Internet, una aprobación que tras el visto bueno que dio el Senado la semana pasada es ya definitiva.

La denuncia y el cierre por orden judicial de páginas web de descargas de contenidos sujetos a derechos de autor como música, películas, videojuegos y software podría darse ya en el verano europeo, tras los desarrollos normativos.

Será posible gracias a un acuerdo al que el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero llegó con el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy y los nacionalistas catalanes de Convergència i Unió (CiU) -los mismos que ayer apoyaron la normativa junto a los socialistas-, logrado después de que la norma fuera tumbada en diciembre en la Cámara baja.

El texto, conocido popularmente como «Ley Sinde» por el apellido de su impulsora, la ministra de Cultura, Angeles González Sinde, creará una Comisión de Propiedad Intelectual que podrá tramitar denuncias y proponer al juez el cierre de páginas web que sirvan sin autorización contenidos sujetos a derechos de autor.

La ratificación definitiva de la «Ley Sinde» tuvo lugar dos días después de la ceremonia de entrega de los Premios Goya, marcada por la dimisión anunciada por el presidente de la Academia del Cine español, el director Alex de la Iglesia, por su desacuerdo con ella.

La normativa ha enfrentado a los internautas con la industria cultural ya desde el inicio de su redacción. De la Iglesia trató de mediar entre unos y otros durante el proceso y terminó anunciando su dimisión por su desacuerdo con su versión final. De la Iglesia dejará el cargo durante los próximos tres meses, cuando se convoquen nuevas elecciones a la presidencia de la Academia.

Es una «gran noticia no sólo para la cultura, sino también para todos los ciudadanos», dijo anoche la ministra de Cultura sobre la aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados. «Creo que es una medida completamente equilibrada y así lo ha demostrado el Parlamento esta tarde con su votación».

Los cambios en la normativa respecto al texto rechazado en diciembre en el Congreso de los Diputados son pocos. El juez tendrá que autorizar el cierre de páginas, pero también ubicar a las infractoras, una vez lo pida la comisión. Los socialistas, el PP y CiU hablan de ello como un refuerzo de las garantías judiciales. El otro factor que permitió el acuerdo político fue el compromiso del gobierno de modificar el llamado canon digital, una tasa sobre aparatos con memoria que pueden ser soporte de material protegido por derechos de autor en vigor desde 2008.

Agencia DPA