Esperable: estalló guerra de hermanos Schoklender

Pablo Schoklender buscó ayer despegarse de su hermano, Sergio, en la causa en la que ambos están acusados y detenidos, por presunta administración fraudulenta y defraudación al fisco con fondos públicos que debían ser destinados a la construcción de viviendas sociales por parte de la fundación Madres de Plaza de Mayo. «Yo no soy mi hermano», es una de las frases con la que el menor de los Schoklender arrancó el descargo que presentó ante el juez federal Norberto Oyarbide. El exapoderado de las Madres se excusó de ampliar su indagatoria por un malestar físico, y en su lugar alegó en un documento haber tenido un rol relativo en el plan de construcción de viviendas, y dijo que en lo que a sus cuentas bancarias respecta, todo el dinero que pasó por ellas se utilizó para esos fines.

De manera indirecta, Pablo Schoklender dio a entender que si hubo irregularidades deberían ser achacadas a la presidenta de las Madres, Hebe de Bonafini, e incluso a su propio hermano, quienes a su arribo a la fundación ya sumaban un vínculo previo de «casi 20 años» en los que ambos viajaron «por todo el mundo -llenando varios pasaportes- y compartieron infinidad de proyectos y actividades» de los que dijo jamás haber participado.

El imputado, que al igual que su hermano permanece detenido en el penal de Ezeiza, se quejó de las complicaciones para ejercer su defensa en un expediente de más de 30 mil fojas, y se ocupó en particular de tomar distancia de Sergio. Le reprochó al juez Oyarbide haberlos confundido «dos veces», al señalar que en primer término le imputó «cosas que ha hecho» su hermano y que a continuación le negó la excarcelación «invocando situaciones que, de un modo evidente, notorio, ostensible y manifiesto, sólo lo involucran» a Sergio.

El menor de los hermanos admitió haber tenido un «papel de relativa importancia» en la fundación «hace dos años» y que hasta entonces sólo se había dedicado a colaborar con la editorial. En esa tarea, agregó, se reunió «con la entonces senadora Cristina de Kirchner y su ministro (sic) de Educación, Daniel Filmus», y sostuvo que se trató del único trato que mantuvo con «algún funcionario público».

Una vez involucrado con el programa Sueños Compartidos reconoció haber estado a cargo de «logística y abastecimiento», y el «sector de compras, la selección de proveedores y el envío de materiales a todas las obras del país, que llegaron a ser más de cuarenta».

En cuanto a las acusaciones puntuales del juez y del fiscal Jorge Di Lello, centradas en el presunto desvío de fondos públicos hacia cuentas propias o de allegados por parte de los dos hermanos, Pablo dijo que antes del inicio de Sueños Compartidos y de su arribo a la fundación, debió cesar sus actividades la antecesora Asociación Rebeldía y Esperanza, que actuaba bajo el paraguas de la misma organización, a raíz del «cierre de sus cuentas bancarias producto del libramiento de muchos cheques sin fondos y la presentación a su respecto de diversos pedidos de quiebra».

Agregó que a continuación la fundación logró la apertura de una cuenta en el banco Credicoop para la obtención de créditos y la percepción de subsidios estatales. «Después de verificarse el rechazo de aproximadamente cuatrocientos cheques por falta de fondos, el Credicoop decide cerrar la mencionada cuenta, circunstancia que naturalmente derivó en un caos administrativo en la fundación», agregó.

Pablo sostuvo que para mantener la fundación a flote, Bonafini gestionó y obtuvo, mediante el Banco Central, «la apertura de sendas cuentas corrientes en los bancos Provincia y Nación», así como en las provincias de Chaco y Santiago del Estero para facilitar el pago de haberes para los trabajadores de las obras. Recién en ese punto el menor de los Schoklender reconoció el uso de una cuenta propia en el Credicoop para «evitar lo que sin margen para las dudas supondría el colapso de la fundación».

El sospechoso confirmó que esa cuenta propia también fue anulada así como la autorización con que contaba para retirar efectivo por caja. La falta de efectivo, agregó, lo habría obligado a valerse de «la cuenta de la firma Antártica (de otro detenido, Alejandro Gotkin) en el banco Supervielle para contar con el dinero necesario para el funcionamiento corriente de la fundación.