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Esperable: quedó libre activista y gremios aplacados
Rubén Sobrero
Las excarcelaciones atendieron el criterio propuesto por el fiscal Jorge Sica, que castigó la «endeblez del cuadro probatorio» recogido por el juez y el hecho de que no había un riesgo concreto de que Sobrero entorpeciera la investigación o intentara fugarse.
El fiscal, además, advirtió de serias irregularidades en el tramo de la investigación que desembocó en las cuatro detenciones. En concreto, el funcionario se refirió a la «intempestiva incorporación» en el expediente de nuevas declaraciones hechas cuatro meses después de la quema de vagones. Aludió así a los dichos de tres policías que dijeron que un sospechoso, que está detenido, había confesado su participación en los hechos a pedido de un supuesto colaborador de Sobrero, y a la propia ampliación de la indagatoria de ese imputado en la misma línea.
El juez Yalj admitió que hubo «errores» en la investigación y los cargó sobre los interventores de la Federal, aunque insistió en que el incendio de las formaciones ferroviarias se trató de un sabotaje y no de «una mera protesta». Además, cargó sobre el dirigente opositor de la Unión Ferroviaria liberado ayer al entender que «hay un apriete salvaje por medio del sindicalismo de Sobrero».
«Lo tenemos bastante probado y posiblemente, si seguimos avanzando en esta línea, lo van a ver con fundamento», agregó el magistrado luego de firmar la excarcelación. Según Yalj, la investigación determinó que se produjo «el cambio de un cable de alta tensión por otro de baja para que se pare una formación», lo que a su criterio descarta la hipótesis de un accidente en el descarrilamiento que precedió a la quema de vagones.
El magistrado había defendido hasta ayer la decisión de detener el viernes último a Sobrero, Portorreal, Rodrigo Peláez y Hernán Akson, de la lista Bordó (oposición) de la Unión Ferroviaria, bajo las acusaciones de presunta «asociación ilícita» y «estrago doloso». Seguirán en prisión, en tanto, los hermanos Fernando y Guillermo Díaz, presuntos barras bravas de All Boys y que carecen de domicilio declarado.
El mismo viernes de las capturas, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, había respaldado la determinación de Yalj al afirmar que para producir las detenciones el juez debió contar con «elementos contundentes» y «semiplena prueba» en contra de los sospechosos.
Las detenciones aunaron el sindicalismo en un repudio generalizado, que alcanzó desde la CGT y las dos líneas en que está dividida la CTA hasta las agrupaciones de izquierda y los delegados ferroviarios de base. Estos dos últimos sectores marcharon ayer del Congreso a Plaza de Mayo y pidieron impulsar un paro nacional en demanda de la liberación de Sobrero.
Las últimas detenciones se concretaron a partir de los dichos de Alan Skrobacki, un joven que dijo haber recibido una oferta monetaria de alguien apodado «Leo» -para el juez se trataba de Portorreal- para incendiar presuntamente vagones a cambio de 700 pesos. Lo declaró luego de haber confesado su participación en el hecho. La calidad de esa ampliación de la indagatoria llevó al juez a señalar que la acusación en contra de Sobrero «se diluyó un poco».
Más allá de los escasos elementos encontrados en contra de Sobrero y de los otros detenidos, algunos investigadores consideraron llamativo el inmediato respaldo de Aníbal Fernández al juez.


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