Espía en Economía: Justicia ante la ‘‘caja de Pandora’’

Los investigadores del affaire Larosa cultivan en estos días el bajo perfil, mientras analizan las cajas de documentación y las computadoras secuestradas en cinco importantes consultoras de la City. «No sabemos si abrimos la caja de Pandora», confían por lo bajo, frente a una causa en la que no dejan de aparecer vinculaciones entre el asesor e importantes personajes del Gobierno, la oposición y el ámbito económico.

Por el momento, la causa está caratulada con la ambigua imputación de «delito de acción pública». La calificación es tan amplia que puede incluir desde allanamiento de morada e intento de hurto hasta tráfico de influencias y robo de documentos públicos, entre otros.

Esta decisión de los investigadores del caso no es menor, ya que plantea dos aspectos importantes respecto de la pesquisa: por un lado, que todavía no se tienen claras las dimensiones de la actividad de Roberto Larosa en el Ministerio de Economía, y por otro, que es lo suficientemente grave como para que la Justicia esté obligada a investigar el caso, más allá de denuncias particulares. 

Estallido

El caso Larosa estalló hace casi dos semanas, cuando el asesor legislativo del diputado de Proyecto Sur y del senador del ARI por Tierra del Fuego, José Carlos Martínez, fue detectado en el despacho del subsecretario de Presupuesto, Raúl Rigo, en el 4° piso del Ministerio de Economía. Larosa llevaba un llamativo equipo profesional: un portafolios con dos linternas, una lupa, una toalla y una corbata. También habría tenido un manojo de llaves correspondientes a las oficinas del edificio, de las que ya se habría corroborado que al menos una pertenecía al despacho de Rigo. El ministerio -que ya se presentó como querellante en la causa- también asegura tener videos de seguridad en los que se ve al «Topo» en los pisos 4°, 8° y 10° (donde se encuentra la oficina del secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino).

A partir de esa detención se inició una causa que no para de generar conexiones y complicaciones para el Gobierno y la oposición. Una derivación esperable en una pesquisa que investiga a un ex funcionario de Economía -trabajó en la cartera entre 1975 y 1993- que brindó sus servicios de «asesoramiento y búsqueda de información» a consultoras, asociaciones gremiales como la CTA -donde se desempeña además como asesor económico-, legisladores y hasta el propio Gobierno, como admitió ayer el ministro de Planificación, Julio De Vido.

En este contexto, el problema en la pesquisa no es tanto determinar para quién o qué contactos tenía Larosa, sino más bien qué es delito y qué no. Mientras tanto, el caso sirve para que oficialismo y oposición se endilguen contrataciones y trabajos del «Topo» mutuamente: hasta el mismísimo secretario de Política Económica, Roberto Feletti, habría conocido y trabajado con Larosa, según aseguran diputados opositores. Así, lo que en un primer momento se analizó como un posible «mini-Arbizu» (en referencia a las denuncias de cuentas en el exterior que hizo el ex ejecutivo de JP Morgan) amenaza con convertirse en un caso más complejo, que podría complicar tanto a integrantes de la oposición, economistas críticos del Gobierno, como a funcionarios de Economía y otros ministerios. Esto, en gran parte, está en manos de lo que diga el propio Larosa, quien hasta el momento se negó a declarar y permanece preso en el penal de Marcos Paz sin fecha para una nueva indagatoria.