El juego de azar en la Capital Federal sigue siendo un tema del que no habla Mauricio Macri, ni tampoco la administración de Cristina de Kirchner, que es la que actualmente controla y recauda las apuestas de los porteños.
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La pelea por el control del producido de esas actividades lúdicas -bingos, tragamonedas, billetes y casino- entre los distritos hasta ahora se dirime en la Justicia. Pero por estos días hay varias novedades que pueden romper ese mutis.
En ese sentido, ayer la Cámara en lo Criminal Federal revocó el procesamiento dictado al juez en lo contencioso administrativo porteño Roberto Gallardo. El polémico magistrado, que también mantiene una confrontación con la administración macrista como la que tuvo con la ibarrista, había realizado una inspección ocular en el buque casino que funciona en el puerto. Allí hay un conflicto de jurisdicciones acerca de si el río es competencia nacional o porteña, algo que viene ganando la administración central.
Gallardo, de todos modos, sigue procesado y con requerimiento fiscal de juicio oral en otra causa relacionada con el barco Estrella de la Fortuna, cuyas salas de juego intentó clausurar hace dos años.
En la medida ahora revocada por la Cámara, la jueza federal María Servini de Cubría había procesado a Gallardo por abuso de autoridad porque, según una resolución de la Corte Suprema de la Nación, el juez no estaba habilitado para intervenir en asuntos relacionados con la embarcación. La Sala II de la Cámara, por mayoría de sus miembros, consideró que no se había probado que Gallardo hubiera actuado con malicia -requisito para que se configure el abuso de autoridad- cuando ordenó la inspección al buque y cambió su procesamiento por una «falta de mérito».
Otro aspecto es que la Comisión de Presupuesto de la Legislatura dio curso a un proyecto de ley presentado en conjunto por la oposición para crear un impuesto a los ingresos por tragamonedas del Hipódromo y las ruletas del casino.
En su momento, Aníbal Ibarra intentó cobrarles Ingresos Brutos, pero la discusión judicial no lo permitió. Ahora, la Legislatura, ante la presentación del proyecto con letra del propio Ibarra, pidió informes técnicos a la Procuración de la Ciudad y al Instituto del Juego local. De ese modo, al menos la iniciativa podría ser tratada en comisión si es que existe la posibilidad de que la Ciudad reciba mayores ingresos. Por ahora, se rige por un convenio, también de la era ibarrista, mediante el cual Lotería Nacional le transfiere al distrito parte de las ganancias, pero se queda con el control de los juegos de azar, a pesar del articulado de la Constitución porteño que asegura que es la Ciudad la que debe controlar y administrar la actividad.
Ahora, Mauricio Macri se propone obtener el doble de dinero, y que en 2009 el convenio le reporte unos $ 340 millones. Para eso, esta semana enviará a la Legislatura un nuevo convenio, que además se suscriba por un plazo más largo, como mínimo seis años. Esa decisión resigna un proyecto original que hablaba de dejar por 16 años más el control y las ganancias del juego en manos del gobierno nacional.
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