Facultades delegadas: sin dictamen, el Gobierno está obligado a ceder

Graciela Camaño, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, defendió la postura oficialista de prorrogar por un año todas las facultades que el Congreso delega en el Ejecutivo.

El Gobierno de Cristina de Kirchner no pudo emitir ayer un dictamen consensuado sobre la prórroga de facultades delegadas en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y quedó obligado a negociar cambios con la oposición sobre el actual esquema de aplicación de retenciones móviles.

El argumento del kirchnerismo en la reunión de ayer fue, una vez más, la inminencia del caos: si los bloques opositores no acceden a votar la ley de prórroga de todas las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo antes del 24 de agosto, caerán unas 1.900 normas generando así una vacío legal que expondrá al Estado a una catarata de juicios imposibles de afrontar.

El nudo de la discusión, o lo que más le interesa al kirchnerismo, es lograr principalmente la prórroga de las facultades contenidas en la Ley 22.415 (Código Aduanero) para fijar los derechos de exportación a la producción agrícola, que dotan al Estado de unos 20.000 millones de pesos al año. Por eso ayer, el entrerriano Alfredo de Angeli presenció el debate de la Comisión de Asuntos Constitucionales: la segunda versión de la pelea entre el campo y el Gobierno por las retenciones subyace en la firma de ese dictamen aplazado hasta el próximo martes.

En la oposición, la UCR, el PRO, la Coalición Cívica, el socialismo y el peronismo disidente adoptaron una posición intransigente: se oponen no sólo a la prórroga de facultades para que la Presidente fije las retenciones, sino a cualquier tipo de delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, como las normas correspondientes a la organización del «correo, los bancos oficiales, entes impositivos y aduaneros, entes educacionales de instrucción general y universitaria, así como las entidades vinculadas con el transporte y la colonización», según estipulan los artículos 2 y 3 del proyecto presentado en el Congreso por el oficialismo.

Desde el macrismo, Federico Pinedo y Julián Obiglio coincidieron en que la oposición no está dispuesta a aceptar la prórroga en la delegación de facultades de ningún tipo. El diputado y constitucionalista radical Ricardo Gil Lavedra fue el encargado de rebatir con argumentos jurídicos la teoría del caos esgrimida por el kirchnerismo a través de Graciela Camaño, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales. «Es falso el intento del oficialismo de sembrar miedo y decir que si no votamos antes del 24 de agosto la prórroga de las facultades se cae medio andamiaje jurídico. Esas 1.900 normas de las que habla el Gobierno ya fueron ratificadas en 1999 a través de la Ley 25.148».

Puerta abierta

Y desde el PRO, el macrista Obiglio abrió una puerta a la negociación con el kirchnerismo: «En todo caso podemos discutir qué normas vamos a derogar o modificar, entre las cuales incluimos la ley que creó la ONCCA y el artículo del Código Aduanero que fija las alícuotas de retenciones».

Ahora, el principal problema para el oficialista Frente para la Victoria es que no tiene el número suficiente de votos para imponer la prórroga de las facultades delegadas por un año, incluidas las retenciones. Por eso ayer Camaño anunció al abrir el debate que el dictamen no se firmaría hasta la semana próxima. Desde la oposición ofrecen como alternativa incluir en la ley un artículo que fije un tope de retenciones que pueden ser establecidas por el Poder Ejecutivo y que, en caso de aplicarse una alícuota más elevada, sea el Congreso el encargado de determinar el monto porcentual de ese aumento. Un párrafo aparte para el bloque Solidaridad e Igualdad, de Eduardo Macaluse, quien ayer estuvo reunido en Casa Rosada con el ministro del Interior, Florencio Randazzo. Estos ex ARI suman un total de 9 legisladores, una cifra nada despreciable para los 110 diputados kirchneristas urgido de sumar aliados. Desde cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores para Carlos Raimundi hasta jefatura de Comisiones, las ofertas que podría realizar el oficialismo para seducir a los diputados del SI abarcan un amplio menú.

«No hay intento del Poder Ejecutivo de apropiarse de nada», remarcó el diputado oficialista Luis Cigogna, quien advirtió que lo que está en discusión en esa comisión es una «ley marco» que «prorrogue las facultades delegantes y convalide las delegadas. Proponemos lo mismo que se vino votando sistemáticamente en los últimos años», insistió el legislador del Frente para la Victoria, titular de la Comisión de Justicia de la Cámara baja, quien expresó la voluntad del oficialismo de anular el artículo 5 de su proyecto: («Ratifícase la validez de todos los actos administrativos y/o jurídicos que en el marco de la delegación de facultades hubiera emitido el Poder Ejecutivo nacional hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley») para acercar posiciones con la oposición.

El Poder Ejecutivo cuenta con facultades delegadas por el Parlamento desde el 24 de agosto de 2006, a través de un proyecto que le dio esas atribuciones por un período de tres años, luego de sucesivas prórrogas que arrancaron en 1999.

«Las posiciones arancelarias como están hoy creo que se tienen que prorrogar. No creo que nadie en su sano juicio crea que 26 mil posiciones arancelarias se pueden resolver en cada segundo y estar permanentemente en el Congreso», afirmó en declaraciones a la prensa el diputado José María Díaz Bancalari.

La reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales arrancó con un minuto de silencio en memoria del fallecido diputado José Ignacio García Hamilton y participó el diputado Jorge Rivas, del bloque Encuentro Popular y Social, quien se reincorporó a la Cámara baja en mayo pasado bastante recuperado de las heridas que recibió en un asalto hace un año y medio.