La decisión del juez Sebastián Casanello de dictar la falta de mérito a la expresidente Cristina de Kirchner en el marco de la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez disparó la inmediata redacción de apelaciones por parte de la Oficina Anticorrupción y la unidad de Información Financiera (UIF) como querellantes. La unidad antilavado había insistido varias veces ante la Cámara Federal para que se la convoque a indagatoria y se la vincule al proceso pese a que Casanello remarcó que no le habían presentado ninguna prueba de su injerencia en la maniobra por la que Báez está en juicio. El viernes, el magistrado plasmó en una resolución esa posición y sostuvo que no había evidencias para procesarla en el entramado que investiga al extitular de Austral Construcciones. Sin embargo, no la sobreseyó y disparó una serie de medidas de prueba a cumplimentar en el expediente, como exhortos internacionales a Estados Unidos, una serie de informes a la AFIP y más elementos requeridos a la UIF, con la que el juez mantuvo una fuerte pulseada. Sin embargo, las agencias oficiales apuestan a que sea la Sala II comandada por Martín Irurzun la que defina un revés para Casanello y avance en la pretensión de enlistar a la exmandataria en la lista de procesados que deberán llegar a la instancia de juicio por vía separada.
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