La Corte Suprema de Justicia realizó ayer la primera de las dos audiencias públicas a las que convocó antes de pronunciarse sobre la causa que inició Farmacity, que busca declarar inconstitucional la ley que le prohíbe operar en la provincia de Buenos Aires. Expusieron 15 amicus curiae (amigos del tribunal), personas físicas y representantes de entidades que hablaron a favor y en contra de la demanda de la empresa. Los oradores que defendieron la demanda que presentó la cadena comercial señalaron que la Ley Provincial 10.606, que prohíbe que las farmacias estén en manos de sociedades anónimas, "genera un virtual monopolio a favor de los locales ya establecidos" en ese distrito y "perjudica la competencia".
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Por su parte, quienes expusieron en contra, entre ellos el exministro de Salud Ginés González García, opinaron que Farmacity actúa "como si vender medicamentos fuera igual que vender electrodomésticos" y que las normas sobre la comercialización de remedios "debe corresponder a la regulación local" y no a la nacional. La audiencia estuvo presidida por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, considerada una "Corte corta" (de tres miembros) ya que los ministros Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti se excusaron de intervenir.
"Una cosa es que el Estado regule con celo la distribución de los medicamentos, cosa que está bien que haga, y otra es que resguarde a un sector en desmedro de la competencia", sostuvo Lucas Sebastián Grosman, doctor en Ciencias Legales de la Universidad de Yale como abogado de Farmacity. Entre los que defendieron la ley provincial 10.606 se encuentran referentes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADUCC) y varios especialistas.
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