Fiebre financiera por tierra fértil, barata y con entorno pobre

Se esperaba que el tema fuese abordado en la última cumbre del G-8 en L'Aquila, Italia, del 8 al 10 de julio últimos. Así lo habían solicitado la Organización Mundial de la Alimentación (FAO) y la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, a través de su vocero, Olivier De Schutter: limitar y regular el «land grabbing» o acaparamiento de tierras que se produce en muchos países.

Pero la declaración final del G-8 se limitó a enunciar la necesidad de poner «la agricultura y la seguridad alimentaria en el centro de la agenda internacional». Y, si bien se anunció un fondo de u$s 20.000 millones de ayuda a la pobreza, estas intenciones contrastan con el proceso de apropiación -vía compra o alquiler- de cantidades crecientes de tierra fértil en los países en desarrollo con la finalidad de asegurar la «soberanía alimentaria», pero de los países adquirentes.

El fenómeno ha cobrado dimensiones inquietantes, propulsado por el alza del precio de los commodities alimentarios y la crisis causada por la especulación con derivados financieros que hace que los fondos de inversión se vuelquen a estos nuevos activos estratégicos: los alimentos.

Los avisos de venta de terrenos agrícolas se publican ahora en los diarios financieros. Según cálculos del International Food Policy Research Institute, 20 millones de hectáreas de tierras agrícolas han sido objeto de transacciones por parte de agentes extranjeros, esto es, Estados ricos y fondos de inversión.

Oportunidad

«Estas inversiones, dice el relator de la ONU De Schutter, pueden representar una oportunidad de desarrollo, crear infraestructuras y empleo, permitir a los agricultores locales acceder a la tecnología y al crédito, pero también pueden tener consecuencias muy negativas y amenazar el derecho a la alimentación de las poblaciones afectadas».

Según el Instituto Internacional para el Medioambiente y el Desarrollo (IIED), con base en Londres, en los últimos cinco años, 160.000 hectáreas en Mali, 450.000 en Ghana, 600.000 en Etiopía, 470.000 en Sudán y 800.000 en Madagascar han sido compradas o alquiladas por inversores privados o públicos en condiciones frecuentemente poco transparentes, es decir, a precios irrisorios, sin consulta con la población local, haciendo figurar como inexplotadas tierras que no lo son y sin asentar en los contratos los compromisos de inversión y generación de empleo por parte de los adquirentes.

África es el continente más afectado por esta fiebre de tierra fértil. Pero los inversores empiezan a mirar también hacia América Latina como otra zona pletórica de espacios cultivables no totalmente explotados aún.

Monitoreo

El International Food Policy Research Institute (IFPRI) monitorea estas transacciones entre Estados ricos, importadores de alimentos y con restricciones en materia de tierra y de agua, como las potencias petroleras del Golfo (con Arabia Saudita a la cabeza), China, Corea del Sur y la India. También intervienen en el proceso países europeos como Suecia, Dinamarca y el Reino Unido, cuyos fondos de inversión privados adquieren hectáreas en países africanos para producir biocombustibles, por ejemplo.

En Brasil, corporaciones estadounidenses han adquirido haciendas azucareras mientras los japoneses compran allí hectáreas para cultivar soja.

En concreto, son países que buscan oportunidades en naciones en desarrollo para producir «deslocalizadamente» los alimentos que necesitan. Claro que, en muchos casos, este objetivo va en detrimento de la soberanía alimentaria ajena.

El IFPRI formula algunas reglas básicas que podrían contribuir a evitar este desbalance: transparencia en las negociaciones, respeto por los derechos de propiedad preexistentes, inclusive consuetudinarios y comunitarios, reparto de los beneficios, sostenibilidad ambiental y prioridad al suministro doméstico.

La inversión extranjera puede ser positiva para el desarrollo agrícola, pero evitando que se reproduzcan los modelos de enclave de las experiencias coloniales pasadas. Para eso es necesario el compromiso de los países del G-8, G-20 y el recientemente proyectado G-14, muchos de los cuales son activos «land grabbers».