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Fiscales de Estado: nueva cumbre para blindarse ante Vidal
• SE REÚNEN EL VIERNES, EN MEDIO DE INICIO DE OLA DE RESPUESTAS A LA CORTE
Los gobernadores profundizan su defensa frente a la demanda de Buenos Aires en pos de la actualización del Fondo del Conurbano.
Entre ambas postas hubo una reunión de 21 gobernadores peronistas, de Cambiemos y de fuerzas provinciales -el 6 de este mes, en la porteña Casa de San Juan- en la cual los mandatarios pidieron públicamente a la Corte una tregua temporal en la causa, para intentar bucear una salida política en el Congreso nacional, vía una reforma fiscal.
Sin embargo, a priori ese planteo no se reflejaría en las presentaciones de los Fiscales de Estado respecto de una eventual solicitud formal de suspensión del proceso, que en rigor tendría que haberse pactado -dicen- entre Buenos Aires y las provincias demandadas. Ello, al menos en las primeras contestaciones de los distritos a la demanda.
"La idea es intercambiar información; es una demanda compleja porque procesalmente somos 22 provincias y no podemos cometer ningún error", aseguró ayer a Ámbito Financiero el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, respecto del cónclave del viernes.
Las contestaciones serán de carácter individual, aunque muchas contendrán argumentaciones comunes, y entre los ejes que se repetirán están el pedido de una salida política y no judicial, y la advertencia sobre la amenaza de un brutal desfinanciamiento de las arcas locales, con impacto directo en los gastos corrientes.
Hay, con todo, una realidad: cuanto más complejo sea el proceso judicial, más se dilatará la resolución de la Corte, en el marco de un presente en el cual el propio Mauricio Macri considera "legítima" -y respalda- la demanda de Vidal.
Con ese denso telón de fondo, Rodríguez Signes planea llevar a la cumbre la contestación terminada de Entre Ríos, que elevará a la Corte entre el 26 y el 27 de septiembre (su plazo expira el 30).
El Fiscal de Estado entrerriano anticipó a este diario que el Gobierno del justicialista Gustavo Bordet remarcará, entre sus argumentos jurídicos, "que no se puede modificar con una sentencia de la Corte el régimen de la coparticipación, porque está sostenido en pactos fiscales".
En la contestación se apoyará en abundante prueba, vinculada a demostrar -dijo- que "de hacerse lugar a la pretensión bonaerense el presupuesto de Entre Ríos se vería afectado gravemente sobre todo en gastos corrientes", en el marco de una pérdida anual potencial de unos $3.500 millones "que son vitales para sostener el gasto provincial, que ya es deficitario".
La documentación apuntará además a cuestionar el discurso de los funcionarios bonaerenses, que sostienen que reciben por coparticipación menos de lo que aporta esa provincia. En esa línea, Entre Ríos elevará un informe de investigadores del Conicet que evalúa regiones geográficas del país y calidad de vida, y otro del Gobierno del cordobés Juan Schiaretti que hace una radiografía de los recursos discrecionales que recibe Buenos Aires, incluidos los subsidios al transporte y a la energía.
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