Juez Lavié Pico (bajo fuego amigo) busca quedarse con causa que impidió cortes de gas. Su par, Sarmiento, declaró abstracto planteo opositor contra DNU de familiares en blanqueo tras 18 meses.
Embestida. Elisa Carrió apuntó sus cañones contra Enrique Lavié Pico justo al mismo tiempo en que el Gobierno más lo necesita.
El fuero Contencioso Administrativo Federal se ha convertido silenciosamente y sin estridencias- en la protagonista de la resolución de las cuestiones sensibles para la Casa Rosada, con una gravitación mucho más relevante para la gobernabilidad que cualquier otro fuero del país. Una de las funciones primordiales de cualquier administración es tender puentes hacia los jueces que definen cuestiones derivadas de políticas públicas, resoluciones administrativas o leyes que atraviesan el proceso parlamentario. Dos ejemplos de las últimas horas reafirman que el Gobierno aceitó los canales necesarios para evitarse sinsabores y avanzar con aval jurídico en disposiciones que son resistidos por la oposición.
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El juez en lo contencioso Enrique Lavié Pico admitió ayer la inhibitoria planteada por el Poder Ejecutivo y pidió la causa "Consumidores Argentinos", la misma en la que el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla ordenó el lunes que ninguna prestadora corte por 90 días el suministro de gas a todos los usuarios del país, ante falta de pago. La decisión ampliada del juez de Dolores se coló entre las grietas del hormigón que el Gobierno diseñó para tener un "escudo anticautelares" que impida fallos contra el tarifazo similares a los que se desataron en 2016. Ahora, como anticipó Ámbito Financiero, insiste en la estrategia de centralizar todo bajo la órbita de la Capital Federal. Y con premura dado que el magistrado se estaba abocando a la cuestión de fondo referida a retrotraer el cuadro tarifario del gas a diciembre pasado. Similar disputa mantiene Lavié Pico con la Justicia federal de La Plata a quien también le reclamó a Adolfo Ziulu que se desprenda del caso que había inscripto en el registro de procesos colectivos de la Corte. El diseño del "escudo" fue auspiciado por el Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías e instrumentado vía el Ministerio de Ambiente, apelando a una cuestión ambiental a ser preservada, como derecho primordial a ser atendido. Cuestionable, pero efectivo, Lavié Pico lo consideró para atraer bajo su mando todos los eventuales planteos contra tarifas. Eso quedó atravesado por una dura interna en Cambiemos ante la furia de Elisa Carrió contra Daniel Angelici. Lo denunció y continuará haciéndolo ante el Consejo de la Magistratura lo que dividió aguas en el bloque oficialista que necesita más que nunca al magistrado que está ahora bajo "fuego amigo". Por primera vez fracasó un pedido de investigación en el Consejo sobre su patrimonio. La "mesa judicial" del Presidente observa con pavor la escalada del tema. En la misma jugada, Carrió señaló al camarista Sergio Fernández, hombre fuerte del Contencioso. Es justo la persona con la que el Gobierno buscaría menos enemistarse.
Casi como una sátira del funcionamiento judicial, ayer también la jueza María José Sarmiento declaró "abstracto" el intento del diputado Felipe Solá de bloquear el Decreto presidencial para incluir a familiares dentro del blanqueo. Obvio: ya caducó todo el proceso de exteriorización de capitales y las normas de blanqueo perdieron vigencia el 1 de abril de 2017. Rigieron desde 30 de noviembre de 2016 hasta el 31 de marzo del 2017. Pero Solá había denunciado el plan oficial el 16 de diciembre de 2016. Los vaivenes y el congelador que imprimieron los jueces a una definición sobre el amparo se devoraron un año y medio de trámites.
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