G-7 argentino lanza “plan republicano”

Carlos Enrique Wagner

Esta semana comenzarán las reuniones de los técnicos del Grupo de los Siete (G-7) pactadas en el almuerzo que protagonizaron el miércoles último los presidentes de las entidades empresariales más representativas. En esas reuniones técnicas se comenzaría a elaborar lo que acordaron: una propuesta de cinco puntos que tienda -según los empresarios- a lograr recuperar la república pero sobre todo a tratar de ponerle coto al avance del Gobierno sobre el sector privado.
De ese trabajo participarán técnicos de ADEBA (bancos), de las cámaras de Comercio y de la Construcción, de la UIA, de la Bolsa porteña y del campo (Sociedad Rural y CRA).
Más allá de lo que resulta de esa labor, es llamativo el espíritu de unidad que campea hoy en el sector empresarial, luego de que algunos dirigentes mantuvieran posturas muy diferentes respecto del Gobierno. Cabe recordar que el almuerzo en ADEBA de la semana pasada fue el primer encuentro del G-7 desde el conflicto entre campo y Gobierno por la Resolución 125.
Por eso, algunas declaraciones recientes no dejan de sorprender por el contraste con otras manifestaciones públicas no demasiado alejadas en el tiempo. Es el caso de Carlos Enrique Wagner, titular de la Cámara de la Construcción, quien este fin de semana -y por primera vez desde que ocupa ese cargo hace seis años- salió a cuestionar las políticas oficiales.
La razón es que hasta a él ya le resulta muy complicado frenar a sus bases: los constructores se debaten hoy entre la falta de pago y de ajuste por inflación de las obras públicas (las pocas que están ejecutándose) y la interrupción de buena parte de las privadas. Esto constituye un panorama crítico para todo el sector, pero sobre todo para las empresas que no se vieron «seleccionadas» para llevar a cabo proyectos oficiales y que no acumularon un colchón para los malos tiempos.
Otro que sorprendió con sus duras declaraciones el mismo día de su asunción fue el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), el plástico Héctor Méndez. Sin embargo, no todo parece estar en paz en la central fabril. Se sabe que -al menos en privado- algunos de sus pares del Comité Ejecutivo de la UIA le cuestionan su condición de director de Transener en representación de la cordobesa Electroingeniería, uno de los grupos preferidos por el kirchnerismo.
También hay «ruido» en la UIA (más del habitual y esperable) entre los «ultraproteccionistas» (que en general se nuclean en la lista interna «Industriales») y los «aperturistas» (que parece encabezar Cristiano Rattazzi, de la lista «Celeste y Blanca»). Si bien a todos los afecta la aplicación de «licencias no automáticas» -en mayor o menor medida, cada industria depende de componentes importados para fabricar sus productos-, la división pasa por cuán generoso puede permitirse ser el Gobierno hoy en la concesión de esos permisos de ingreso de mercadería.
En este sentido, hubo quienes se alegraron por la suspensión «sine die» del secretario de Industria Fernando Fraguío (ex IVECO) y otros que lo lamentaron: el funcionario suele ser más flexible en el otorgamiento de las licencias que su jefa, la ministro Débora Giorgi.
Lo cierto es que, en este caso, los Kirchner volvieron a aplicar la norma no escrita de que ningún miembro de su Gobierno es echado «por los diarios»; para el reemplazo de Fraguío se aguardará a que su nombre salga de las primeras planas.
En sentido inverso, y se esté de acuerdo o no con las posturas del sector agropecuario, ninguno de los demás miembros del G-7 se animó a cuestionar lo actuado por Hugo Biolcati (SRA) o Néstor Roulet (CRA) de cara al Gobierno.