Gils Carbó, contra la herencia recibida

A dos meses y medio de haber asumido como procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó dijo haber encontrado un escenario complejo en el organismo que coordina la tarea de los fiscales. «Cuando llegué al cargo, el presupuesto ya era deficitario y tuve que pedir un refuerzo», le contó a este diario Gils Carbó. Se refirió de este modo a una serie de contrataciones y reformas practicadas en los cuatro meses en que su antecesor, Luis González Warcalde, ocupó el puesto de manera provisoria en reemplazo de Esteban Righi.

La procuradora planteó como sus principales desafíos el impulso de una reforma del Código Procesal tendiente a pasar a un sistema acusatorio, en el que los fiscales tengan las potestades de investigar las denuncias, en lugar del actual, en el que los jueces tienen la facultad de asumir el control de las causas o delegarlo según su criterio. Y también, incrementar los recursos del Ministerio Público: «En promedio llevamos la carga de entre el 50 y el 60% de las investigaciones y contamos con un quinto del presupuesto del Poder Judicial», agregó.

Gils Carbó dijo a este diario después de una reunión con fiscales de Santa Fe y Rosario: «Ahí es peor; los jueces les delegan el 95% de los expedientes». Puesto en números, la funcionaria aseguró que mientras el Ministerio Público tiene un presupuesto de $ 1.400 millones al año, el del Consejo de la Magistratura se eleva a $ 7.000 millones.

Nombramientos

Acerca de su antecesor, en la Procuración dan cuenta de unos 650 nombramientos realizados en apenas cuatro meses. Fueron en su mayoría de personal contratado que en la actualidad están sujetos a revisión por parte de una comisión armada por Gils Carbó con referentes sindicales de la Unión de Empleados Judiciales (UEJN). También quedaron sometidas a análisis las reformas estructurales y creaciones de áreas por parte de González Warcalde: «Fueron cambios que afectaron el funcionamiento de la Procuración, y en algunos casos se montaron áreas que no tienen actividad», acusó.

Gils Carbó inició una investigación por un cobro supuestamente irregular por parte del fiscal federal Carlos Rívolo por su participación en la investigación del caso por la caída de un avión de LAPA. Esa colaboración, que en la jerga se conoce como «coadyuvancia», no es remunerada y así lo había dictaminado Righi, aunque en un trámite acelerado González Warcalde terminó por autorizar el pago.

La procuradora admitió que Rívolo pudo tener razones para requerir un pago extraordinario por esa tarea, pero desautorizó el mecanismo utilizado por el exprocurador interino de saltearse el dictamen del área jurídica de la Procuración y valerse de la opinión de un empleado de la planta del organismo.

«No puedo dejar pasar un pago de esas características. De hacerlo, habilitaría que un fiscal que quiere tener un ingreso extra le pida a un juez amigo llamarlo para participar de una causa. Los fondos públicos no pueden ser discrecionales», agregó.

En cuanto a los planteos respecto del sistema acusatorio y los fondos para el Ministerio Público, aseguró haber encargado la elaboración de un informe que le presentará a principios de año al Poder Ejecutivo. Y admitió que para la modificación del sistema hará falta una ley del Congreso: «El juez debe ser imparcial, pasivo y permanecer detrás de un escritorio. Así debe ser, equidistante. El fiscal no tiene esas limitaciones de la imparcialidad y tiene más posibilidad de accionar», explicó.

En tanto, adelantó que buscará fortalecer las unidades fiscales especiales.