Giro: Gobierno analiza crear consejo social por decreto

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Cristina de Kirchner no tiene aún decidido si para crear el Consejo Económico y Social apelará a un proyecto de ley o lo hará directamente por un decreto de necesidad y urgencia. Ayer, todo indicaba que el Gobierno no se someterá a una pelea con la oposición en el Congreso para crear esa mesa de discusión en la que cada día tienen lugar más sectores, salvo el campo, que aún no recibió invitación.
La decisión de no apelar a una ley es lógica para el Gobierno: para qué debatir en los recintos la creación de un organismo en el que los partidos de oposición no tendrán lugar y, por lo tanto, lo boicotearán.
Ante esa instancia, y cuando el proyecto de ley ya está listo para enviarse al Congreso, el Gobierno comenzó a analizar la posibilidad de crear el Consejo Económico y Social a través de un decreto.
En España, el Consejo Económico y Social tiene la categoría de un ministerio, con miembros que asesoran directamente al Gobierno y al propio rey Juan Carlos sobre cuestiones de Estado. Pero tiene, además, una función estratégica: dar el visto bueno a los anteproyectos de ley que son enviados a las Cortes. Si Cristina de Kirchner decide crearlo aquí por decreto, será difícil que esa facultad pueda tener fuerza práctica.
De todas formas, para modificar en la Argentina el proceso de sanción de las leyes, no haría falta solamente una votación en el Congreso, sino directamente una reforma constitucional, por lo que ese visado de los proyectos podría terminar siendo un aditamento decorativo del Consejo Económico y Social.
Mientras tanto, más sectores siguieron subiéndose a ese tren del corporativismo que será el consejo. La UIA, que se anotó como primer promotora de la idea, quizás pensando que la discusión de salarios será allí más manejable o que podrá compensarla exigiendo una devaluación, volvió a insistir ayer con la importancia de ese ente como «un espacio de construcción de consensos». Pero insistió en que el campo debe tener su lugar en la mesa. Las entidades del agro, de todas formas, siguieron sin recibir invitación alguna.
Tras una reunión directiva, la central empresaria emitió un comunicado en el que destacó que los consensos que podrían resultar del CES serían claves tanto para la coyuntura como para el mediano y largo plazo del país. Fue un leve mensaje hacia el Gobierno sobre la necesidad de discutir algunos de los problemas que no encuentran solución en medio de la crisis.
Si la UIA tiene su lugar, era imposible que la Confederación General Económica no reclamara también el suyo. Guillermo Gómez Galizia también pidió lugar en el Consejo Económico y Social: «El diálogo es un ejercicio permanente, para lo cual es bueno que se concrete a través de una ley para que perdure en el tiempo», dijo. «La CGE históricamente impulsó la creación del Consejo Económico y Social».
Como en España, donde participan todas las corporaciones que representan intereses, como pescadores, agricultores o los representantes trabajadores del hierro y el acero, además de las centrales sindicales, en la Argentina los dueños de escuelas privadas también quieren un asiento. La Confederación Argentina de Instituciones Educativas Privadas y la Cámara Argentina de Enseñanza Privada le dieron ayer «decidido apoyo, respaldo y adhesión» a la idea del Consejo Económico y Social a través de dos cartas enviadas al jefe de Gabinete, Sergio Massa.
«Desde el sector que representamos y en virtud de nuestra tarea educativa sabemos de la importancia del trabajo cuando integra a todos los actores de un proceso y de la riqueza que conlleva la diversidad de sus componentes», dice el escrito.
En el Gobierno cada ministro ya colecciona estos pedidos de adhesión al Consejo como si fueran figuritas para intercambiar luego dentro del nuevo organismo una vez que comience a funcionar y se discutan allí no sólo salarios y precios, sino tipo de cambio y una vista previa de las medidas económicas, como pidió la UIA.
Ayer, la central empresaria se reunió con el ministro de Asuntos Estratégicos de Brasil, Roberto Magabeira Unger. Fue el momento de analizar la idea del Gobierno y volver a apoyar el Consejo. Era obvio que Ignacio de Mendiguren, como hincha fanático de las intervenciones estatales, iba a estar entre los primeros promotores del Consejo: «Se lo digo al campo, al Gobierno y a nosotros: para mí la Argentina no da para una confrontación más en este momento; cuando uno tiene una crisis, la energía, tanto productiva como los recursos humanos, deben ponerse en conjunto para superar la crisis», dijo.

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