Giro: Obama avala políticas de Bush contra el terrorismo

En una imagen de mayo de 2008 de la prisión militar de Guantánamo, un detenido cubre su rostro con sus manos. En la base están alojados 245 prisioneros en condiciones que, según un informe oficial, respetan los preceptos de la Convención de Ginebra.

Washington - Los 600 prisioneros alojados en la base militar del Pentágono en Bagram, Afganistán, no pueden apelar a tribunales estadounidenses para conocer los cargos en su contra, mientras que las condiciones de reclusión en el centro de detenidos de Guantánamo, Cuba, respetan las normas de la Convención de Ginebra. Ambos pronunciamientos del Gobierno de Barack Obama, hechos públicos el viernes, provocaron desconcierto el fin de semana de parte de organizaciones que le brindaron apoyo al «cambio» anunciado por la nueva administración.
En dos dictámenes emitidos el viernes, el Departamento de Justicia aseguró que «el Gobierno adhiere a su posición previamente estipulada» de negar derechos de hábeas corpus a los detenidos de Bagram, respaldando la decisión adoptada por su antecesor George W. Bush, pese a que el mandatario demócrata había hecho públicas duras críticas a la política antiterrorista del republicano.
Cuatro detenidos en la prisión de Bagram obtuvieron una audiencia en un tribunal de
Washington el mes pasado, en la que intentaron conseguir los mismos derechos otorgados a los prisioneros de la base naval de Guantánamo. Dos yemeníes, un afgano y un tunecino basaron su demanda en el fallo de la Corte Suprema de junio en el que se otorgó a los detenidos de Guantánamo el derecho a conocer los cargos en su contra y las evidencias recabadas. Aquella decisión desató una ola de apelaciones en los tribunales de Washington de presos de Guantánamo que cuestionaban su detención.
Los abogados del Gobierno de Bush argumentaron que la prisión de Bagram no puede compararse con Guantánamo porque la primera está localizada «en el campo de batalla», y que los detenidos de Bagram serían una amenaza si resultaran liberados.
En una de sus primeras acciones como Presidente, Obama ordenó el cierre, en el plazo de un año, de la prisión de Guantánamo, que alberga a 245 detenidos en una situación de limbo jurídico. Además ordenó la revisión de la política de detenciones y de cárceles clandestinas. Pero el mandatario demócrata no indicó sus planes sobre los prisioneros de Bagram o si continuaría con el proyecto de u$s 60 millones para expandir la prisión.
En otra decisión que motivó preocupación en organizaciones que habían mostrado su entusiasmo con las primeras medidas del demócrata, Obama encargó un informe al Pentágono sobre las condiciones de detención en la cárcel especial ubicada en la base naval de Cuba.
El encargado de coordinar el informe, el almirante Patrick Walsh, llegó a la conclusión de que los presos son tratados conforme a las normas, y que sólo se registran déficits en el orden religioso.
El secretario de Justicia estadounidense, Eric Holder, visitará hoy Guantánamo para hacerse una idea de la situación del centro. Los procesos previstos contra un pequeño grupo de detenidos ante un tribunal militar especial fueron aplazados por orden de Obama.
Antes de cerrar Guantánamo, el Presidente estadounidense no sólo tendrá que decidir dónde y ante qué instancias se celebrarán los juicios, sino que además deberá encontrar países de acogida que reciban a aquellos detenidos que sean puestos en libertad pero estén amenazados en su país de origen.
El viernes, el ex fiscal Matthew Olson fue nombrado presidente de un grupo de trabajo que examinará caso por caso la situación de los detenidos, para luego recomendar cómo proceder.
Lamentando que la investigación fuera encargada al Pentágono, la Asociación Estadounidense de Defensa de las Libertades Civiles (ACLU) estimó que las conclusiones equivalían a «exculpar» al Gobierno de Bush de los malos tratos sufridos por los presos. «Obama mismo reconoció que Guantánamo violaba las leyes nacionales e internacionales. Es por lo que este informe, que esconde las políticas abusivas de Bush, es tan perturbador», dijo Anthony Romero, director de la asociación.
Para Amnistía Internacional las conclusiones del reporte son sin embargo «sin sorpresa», ya que la investigación no fue llevada a cabo de forma independiente.
Olsen, que dirige la división de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia desde 2006, es conocido por los abogados de los presos por ser uno de los principales fiscales del Gobierno de Bush ante tribunales federales de Washington.
Agencias AFP, DPA y Reuters