Giro: reabren causa por un asesinato del ERP

La Cámara en lo Criminal y Correccional Federal con sede en la Capital Federal ordenó investigar a integrantes del grupo guerrillero PRT-ERP, por el supuesto homicidio del capitán del Ejército, Miguel Ángel Paiva, ocurrido en 1974. El tribunal de alzada dispuso el desarchivo de la causa, en una resolución clave para impulsar la investigación de crímenes cometidos por la guerrilla en la Argentina. Esta sentencia es un giro sobre la consideración judicial de los delitos cometidos por las guerrillas en los años 70. Éstos no han sido sometidos a revisión porque han prescripto. Tampoco han avanzado los pedidos de que se los considere de lesa humanidad.

Los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah hicieron lugar a un planteo de la hija del militar asesinado, en el que pidió se revoque el sobreseimiento provisional dispuesto en 1975. La medida, similar al archivo de una caso en la actualidad, correspondía al antiguo Código de Procedimiento Penal. En ese momento, se resolvió el sobreseimiento provisional, ya que «las diligencias sumariales practicadas no habían permitido individualizar al autor o los autores del homicidio», según se argumentó en el fallo.

La nueva demanda fue iniciada en 2008 por la hija de Paiva, quien solicitó que se investigue el homicidio de su padre y aportó recortes periodísticos como prueba documental, así como invocó su «derecho a la verdad». Dentro de este material, se incluyeron una serie de notas en las que se señalada que el entonces jefe de la Policía Federal, Alberto Villar, había revelado los nombres de los supuestos responsables de la muerte de Paiva, que habrían pertenecido al PRT-ERP.

La Cámara admitió el planteo y argumentó que «más allá de los resultados que arrojaron las diligencias ordenadas por el juez de la anterior instancia, lo cierto es que luce prematuro» el sobreseimiento provisional dictado en 1975.

Los jueces destacaron en este punto que «la investigación podría orientarse a esclarecer las circunstancias que rodearon las expresiones que surgen de las notas periodísticas agregadas en la causa, la efectiva individualización del sumario, y la posible identificación» de los supuestos implicados en el asesinato.

En su resolución, el tribunal de alzada revocó la decisión anterior «en virtud de lo expuesto y, sin perjuicio de la subsistencia de la acción penal como consecuencia del tiempo transcurrido respecto de quienes pueden o pudieran resultar responsables de este hecho». Desde la Cámara aclararon además que, a pesar del tiempo transcurrido, el tribunal no aplicó la prescripción de la acción penal dado que «no es un principio abstracto, sino que se aplica a imputados» y en este caso nadie lo había planteado.

El fallo de la Cámara llega para plantear nuevos cruces al ámbito de los juicios por delitos de lesa humanidad y los cometidos por la guerrilla en los 60 y 70, ya atravesados por polémicas por la supuesta demora en los procesos.