Glaciares: provincias irán a la Justicia para frenar ley

La ajustada votación terminó con 35 votos a favor y 33 en contra, y desató una feroz batalla dentro del sector oficialista.

La sanción en la madrugada de ayer en el senado nacional de la versión dura de la ley de protección de glaciares -la más restrictiva para la actividad minera- desató la previsible reacción de los gobernadores cordilleranos.

Pionero, el sanjuanino José Luis Gioja advirtió que irá a la Justicia para frenar la norma, en una medida que estudian calcar el resto de los mandatarios afectados.

«Se va a tener que litigar todo lo que se tenga que litigar para defender a las provincias», remarcó Gioja, y advirtió que seguirá trabajando con otros mandatarios de otras provincias para esa «defensa» de la minería.

«No me interesan los costos políticos que tenga», enfatizó.

Según trascendió, la estrategia incluiría la presentación de una medida cautelar para suspender la flamante ley tras su promulgación, hasta tanto un tribunal federal o la Corte Suprema de Justicia de la Nación definan si la iniciativa es verdaderamente constitucional. Según el asesor jurídico del Gobierno sanjuanino, Guillermo De Sanctis, la norma «es inconstitucional porque invade las competencias provinciales».

Por de pronto, el justicialista Gioja mantendrá un encuentro hoy a las 10 en la Casa de Gobierno con representantes de la industria involucrada para analizar los pasos que seguirá la provincia. «Les voy a contar las alternativas que tenemos para salir adelante», anticipó, además de precisar su estrategia también de «trabajar mucho en la reglamentación de esta ley» en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.

Desde La Rioja, en sintonía, el diputado nacional Jorge Yoma (FpV) adelantó la pretensión del oficialismo provincial -que lidera el peronista Luis Beder Herrera- de «ir ante la Corte Suprema para poder aprovechar los recursos naturales de La Rioja». «Las provincias están facultadas para recurrir a la Justicia si alguien quiere impedir la explotación de sus recursos naturales», remarcó.

En paralelo, fuentes del sector minero y legisladores sanjuaninos mostraron ayer su malestar por el voto del senador oficialista Miguel Angel Pichetto (Río Negro), quien terminó respaldando la versión dura de la ley, aprobada antes en Diputados.

«No puedo creerlo; para nosotros fue una situación complicada y ésto va a traer seguramente algún planteo interno», dijo la senadora Marina Riofrio, mientras que para su par César Gioja (hermano del gobernador) la actitud de Pichetto no es atribuible a una estrategia de la Casa Rosada sino que -dijo- «él actuó así por cuestiones personales».

En la otra vereda, los ambientalistas celebraron la sanción. «Ha sido un gran paso dado por el Congreso Nacional», sostuvo, por caso, Greenpeace Argentina.

El pasado miércoles, la supresión de un controvertido artículo -a instancia del propio Daniel Filmus- sumó adherentes para el proyecto sobre presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial más restrictivo para las actividades minera e hidrocarburífera, que finalmente logró convertirse en ley con 35 votos a favor y 33 en contra, luego de un tenso y largo debate de más de 8 horas que dejó abiertas profundas brechas dentro del kirchnerismo.

Sin el artículo 17, que prohibía a rajatabla la instalación de nuevos emprendimientos productivos hasta tanto no estén finalizado el inventario y definidos los sistemas a proteger, el texto que había aprobado la Cámara Baja terminó por seducir a una parte del cuerpo, que hasta el momento se había inclinado por el proyecto original del Senado (el preferido por las provincias cordilleranas).

Precisamente, Gioja había encabezado junto a sus pares de los distritos del extremo oeste del país la campaña para intentar imponer la propuesta aprobada por la Cámara Alta en septiembre de 2009.

En este marco, ayer el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, intentó poner paños fríos a la polémica que muestra como derrotado, al menos a primera vista, al sector minero. «Lo que se votó no es el proyecto de (el diputado Miguel) Bonasso ya que al eliminarse el artículo 17 -que era sobre el que la minería tenía sus fuertes reparos- la nueva ley está casi igual a la que defendíamos nosotros, la que había sido votada por unanimidad el año pasado», planteó, aunque reconoció que «todo dependerá de su reglamentación».