Gobernadores anti-K piden la ley

El gobernador de Chubut, Mario Das Neves; y de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, avalaron el dictamen aprobado por los senadores para modificar el actual esquema de coparticipación de los recursos originados por el denominado impuesto al cheque.

Los mandatarios justicialistas, pero de reconocida oposición al Gobierno nacional, coincidieron en que los Estados provinciales deben «contar con los mayores recursos que les corresponden para hacer frente a inversiones sociales», principalmente para financiar la educación.

Frente a la posibilidad de un veto por parte del Gobierno nacional a un proyecto que cambie la distribución de este recurso, los gobernadores bregaron porque se dé en el Congreso un férreo trabajo para lograr la sanción definitiva con el aval de los dos tercios de los legisladores.

El planteo de los gobernadores se dio en el marco de una reunión organizada en el anexo de la Cámara de Senadores organizada por los legisladores de la oposición.

Entre otros, estuvieron los senadores Gerardo Morales, Roy Nikisch y Pablo Verani (UCR), el socialista Rubén Giustiniani, y el peronista disidente Adolfo Rodríguez Saá. El santafesino Hermes Binner, que estaba invitado al debate, no participó del encuentro alegando problemas de agenda.

Anhelo

Pese a que la afrenta legislativa está siendo morigerada por la oposición, vale aclarar que la necesidad de coparticipar el 100% de ese tributo es un anhelo de la totalidad de las provincias, fuertemente condicionadas por la asfixia financiera y el déficit fiscal.

Sin embargo, la fidelidad política con la Casa Rosada puso en una situación incómoda a gobernadores como Daniel Scioli (Buenos Aires), Juan Schiaretti (Córdoba), Sergio Urribarri (Entre Ríos), José Luis Gioja (San Juan), o el radical k de Corrientes, Ricardo Colombi, quienes reconocen en la intimidad de sus despachos el ansia por contar con esos fondos mes a mes.

Si de sueños se trata, por ejemplo, Buenos Aires vería casi solucionados, con esa porción de unos $ 500 millones extra, los graves problemas de gasto público, que al día de hoy arrojan un déficit superior a los $ 5 mil millones. Ni hablar de la situación de provincias más chicas, como Jujuy, La Rioja y Santiago del Estero, que con esa inyección de recursos tendrían casi resultas todas las dificultades de financiamiento.

Pero la ecuación que hace hoy la mayoría de los gobernadores oficialistas es la siguiente: un acompañamiento en el Congreso a la modificación del impuesto al cheque podría volver como un búmeran y traducirse en un agónico goteo del resto de los fondos que el Gobierno nacional gira a las provincias.

«El riesgo es mayor para los distritos con poca capacidad de financiamiento», analizó un ministro de Economía del interior.

Según trazaron ayer los gobernadores en el Congreso, desde 2002 hasta la fecha las provincias cedieron a manos de la Nación unos 15 mil millones de dólares recaudados por este impuesto, y calcularon en 8.700 millones de pesos lo que se cederían en 2010, si no se cambia el actual esquema de coparticipación.