Gobierno apura la jura de sus dos candidatos a la Corte Suprema

• CONVERSACIONES EN LA CÚPULA Y DIFERENCIAS INTERNAS.• JUGADA DE AMPLIACIÓN QUEDÓ EN STAND-BY.

Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz

El Gobierno requirió ayer a Ricardo Lorenzetti que ultime los trámites para tomarles juramento a los candidatos a la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti cuya designación quedó plasmada ayer en el Boletín Oficial. El titular del máximo tribunal envió una señal de buena voluntad al manifestar satisfacción por el perfil de los elegidos. Aun así, eludió pronunciarse sobre el mecanismo elegido. En paralelo en el núcleo duro del Gobierno tuvieron lugar diversos encuentros y contactos para analizar los efectos de la decisión de Mauricio Macri de cubrir las vacantes de la Corte por comisión, o sea, sin la necesidad de recurrir al Senado. El ideólogo de tan audaz movimiento fue Fabián Rodríguez Simon, abogado empresarial cercano al presidente y que fue electo para el Parlasur. La semana pasada el mismo letrado fue el artífice de la medida cautelar que firmó María Servini de Cubría para blindar la asunción presidencial. La determinación se tomó en un encuentro reservado en el cual el secretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas terminó por confirmar que la jugada se encontraba dentro del marco legal del artículo 99 de la Constitución. Allí se compartió por primera vez el dato aportado por Rozenkrantz cuando le consultaron sobre la modalidad a utilizar: Earl Warren, uno de los jueces más rutilantes de la historia estadounidense, que tuvo a su cargo la investigación por la muerte de John Kennedy, fue nombrado en comisión durante la administración de Dwight Eisenhower.

Como suele suceder en las principales posiciones de la política, las decisiones son producto más de la necesidad que de la determinación. Macri asumió como una cuestión elemental que en la Corte precisa de dos hombres de sintonía absoluta porque las cuestiones que se tratan allí están íntimamente vinculadas al rumbo económico: coparticipación, mercado cambiario, retenciones e impuestos, causas previsionales y derechos gremiales. El fallo sobre la primera de estas cuestiones, que la Corte emitió a los tres días de su triunfo, terminó por cristalizar la percepción de que no sería negocio repartir una vacante para el peronismo del Senado y otra para el Gobierno, como la realidad legislativa lo señalaba. El ministro Rogelio Frigerio fue especialmente enfático en esta cuestión tras una llamada telefónica que realizó con Lorenzetti en la cual el justice envió un mensaje pacificador. Rosenkrantz y Rosatti tienen otro atributo que el presidente conoció por Rodríguez Simón. Ambos son renuentes a aceptar la interpretación de los tratados de inversión celebrados por la Argentina o que tienen jurisdicción del CIADI. Rosatti siempre sostuvo la posición de que el Estado no está obligado a cumplir los laudos de tribunales externos y Rosenkrantz fue testigo a favor de la Argentina en distintos juicios en el extranjero.

Contar con dos jueces en la Corte le permitirá al nuevo Gobierno una base por la cual las causas más determinantes estarán a un voto de la mayoría que puede provenir o bien de Lorenzetti, o bien de Juan Carlos Maqueda.

Estrategias que terminan de plasmar un cuadro en el cual la política judicial del macrismo aparece fragmentada. La decisión del presidente no figuraba en ninguna de las carpetas de Germán Garavano, donde el tema más recurrente era el de una eventual ampliación como vehículo para construir acuerdos políticos. Esa idea tiene detractores cerca de Macri porque aseguran que podría dar lugar aún tribunal más numeroso pero atomizado y sin una clara terminal en la cual buscar referencias.

El doble comando tiene por ahora a persistir como ocurría durante el gobierno cuando desde Balcarce 50 se lanzaban cruzadas contra los jueces mientras que en simultáneo Julio Alak enviaba plumas de regalo a los magistrados más decisivos.

La inquietud que domina por estas horas al staff presidencial no es tanto por el costo político de la decisión y la defensa de la misma frente al peronismo, sino por las críticas de aliados y satélites cercanos. El silencio de Elisa Carrió debe leerse como un gesto tras arduas gestiones que no llegaron a Ricardo Gil Lavedra.

El constitucionalista aportó un diagnóstico demoledor ayer cuando dijo que el precedente de la maniobra es grave porque habilita a cualquier mandatario a aprovechar el receso estival del congreso para acciones de este tipo.

Conceptos que abonaron teorías conspirativas sobre que Ernesto Sanz declinó el ministerio de Justicia al tanto de esta jugada de alto riesgo. En realidad el senador nunca llegó a conocer la audacia del entorno presidencial.