Estableció las condiciones en la discusión de los temas educativos y salariales y apuntó a quitarle “la mayoría automática” a la Ctera.
El Gobierno sacudió ayer a los docentes con un decreto que establece el mínimo de convenio y que dispone cómo será la representación en las discusiones paritarias. La medida, que buscaría ordenar el debate salarial, fue publicada ayer en el Boletín Oficial y sorprendió a los gremialistas que ya amenazan con denunciar a Mauricio Macri ante la OIT.
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El decreto 52/2018 es una modificación del decreto 457 de 2007, es decir del gobierno kirchnerista y en sus fundamentos se explica que es "necesaria la actualización del ámbito de discusión del convenio marco garantizando la equidad en la representación de todas las voces con el fin de mejorar las condiciones generales de los docentes del Sistema Educativo Nacional, adecuando la normativa vigente y estableciendo nuevos criterios de relación".
Entonces, dispone que la representación de "los trabajadores docentes del sector público de gestión estatal", de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, en el convenio marco, será ejercida por un miembro de cada asociación sindical de primer, segundo y tercer grado con personería gremial y ámbito geográfico de actuación en materia docente en todo el territorio nacional". También dispone que en caso de desacuerdo, será la decisión de la mayoría. En la norma anterior se establecía que los representantes serían en proporción a la cantidad de afiliados de las agrupaciones. De esa manera, los gremios más abultados llevaban a la mesa de paritarias más representantes que las agrupaciones más chicas. Es el caso de Ctera que sentaba a cinco activistas, por ejemplo y tenía mayor peso en los acuerdos.
Con relación al salario mínimo para la actividad, el nuevo decreto dispuso que el monto "no podrá ser inferior al 20% por encima del salario mínimo vital y móvil vigente".
Además, el decreto firmado por Mauricio Macri estableció que el convenio marco regulado por la Ley Nº 26.075 (de Financiamiento Educativo) "comprenderá todas las cuestiones laborales generales que integran la relación de empleo de los trabajadores docentes de las jurisdicciones provinciales y de la ciudad de Buenos Aires", debiendo considerar, entre otras, "materias de índole laboral, asistencial, previsional, y en general las que afecten las condiciones de trabajo".
El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, aseguró ayer que la paritaria nacional docente "nunca existió", y justificó las modificaciones. Dijo que "no puede haberse acabado algo que nunca existió. Si quienes sancionaron la Ley de Financiamiento Educativo hubiesen querido que hubiera paritaria nacional, hubiesen dictado una ley de paritarias como la que existe, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires". Aclaró que lo previsto en la Ley de Financiamiento Educativo era una "mesa de negociación" entre el Ministerio de Educación y los gremios, no una paritaria docente nacional.
El ministro comentó que "se definió que con los gremios se van a tratar cuestiones como la carrera docente, capacitación o el régimen de reincorporaciones". Agregó entonces que "un acuerdo entre el Gobierno anterior y la Ctera permitió que, habiendo cinco gremios con personería nacional, ese sindicato tuviera una mayoría automática" y que "este decreto permite mayor pluralidad. Ahora hay una mesa con los cuatro gremios estatales, y otra con Sadop, que representa a los docentes privados, que se discute en otro ámbito". "Estamos poniendo las cosas en su lugar. Con los gremios tenemos que hablar de cuestiones estrictamente gremiales como actor único. En cambio, cuando hacemos reformas de índole educativa vamos a hablar con ellos como un actor más, así como los intelectuales, los padres y la comunidad", remarcó el funcionario.
Para Ctera, se trata de "la decisión unilateral y arbitraria del Gobierno Nacional" que, presume,pretende generar "un sistema con más desigualdad entre las provincias".
"Si el Gobierno cree que nos va a amedrentar con estas medidas arbitrarias y persecutorias, lo único que va a lograr es fortalecer el espíritu de lucha de todos los docentes argentinos para seguir peleando contra este neoliberalismo", sostuvo la agrupación en un comunicado y advirtieron que presentará una denuncia a la OIT "frente a este nuevo ataque del Gobierno a los derechos de los trabajadores de la educación".
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