Gobierno avanzó en Magistratura: Piedecasas, nuevo presidente

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 El abogado Miguel Piedecasas fue elegido ayer como presidente del Consejo de la Magistratura para 2016. Tuvo el apoyo del Gobierno, el radicalismo y los jueces que integran el organismo que hoy por hoy está sumido en el desgobierno. En tanto Juan Carlos Cubría será administrador general del Poder Judicial hasta el mes de marzo. El peronismo no prestó sus votos a la nominación de Piedecasas, que se impuso por una sola voluntad.

El ascenso de este abogado implica el mayor logro de la UCR en el armado judicial del Gobierno macrista (los otras dos posiciones de relevancia son Carlos Balbín como procurador del Tesoro y Mario Cimadevilla en la Secretaría del caso AMIA). Piedecasas tiene contacto permanente con Ernesto Sanz y con Enrique Nosiglia y buena llegada a Ricardo Lorenzetti: se conocen de la Universidad del Litoral y de la editorial Rubinzal Culzoni, que ha encontrado en los libros del justice un negocio redituable.

Tras una serie de desprolijidades, la definición de autoridades se realizó ayer (podría haber sido hoy). Con Héctor Recalde como presidente (por ser el consejero de mayor edad) y a propuesta del senador Ángel Rozas, el presidente y el vice pasaron a ser Piedecasas y el juez Leónidas Moldes. Este ticket logró siete votos, con la abstención de Recalde y del académico Daniel Candis, que se abstuvo por no haber participado de las negociaciones previas.

Piedecasas llegó a la Magistratura tras imponerse en la votación por la representación del estamento de los abogados del interior. Esa elección es imposible ganarla sin apoyo de la estructura de un partido político. Piedecasas tuvo el aval de la UCR y su llegada a la presidencia ayer cristaliza el acuerdo alcanzado entre Sanz y Mauricio Macri. Cuando el diputado radical Gustavo Valdez habla en sus intervenciones del bloque radical del Consejo siempre enumera su propio voto al cual agrega los de Rozas y Piedecasas: cada tanto debe intervenir para recordar que él representa a los abogados.

La otra candidata con chances era la abogada porteña Adriana Donato, que tenía aval del peronismo vía Recalde. Donato llegó a la Magistratura con apoyo del boquense Daniel Angelici, llevó como suplente de su candidatura al actual ministro Germán Garavano y le dio todo el protagonismo de su despacho al actual representante del Ejecutivo en el organismo, Juan Mahíques. Por eso la puja ayer no era tanto entre oficialismo y oposición sino más bien una nueva interna de los sectores que animan la galaxia judicial del nuevo Gobierno.

Ahora el radicalismo espera que con la nueva administración se realice una profunda revisión de la presidencia de la camarista Gabriela Vázquez ya que funcionarios cercanos a ese partido perdieron terreno o fueros desplazados.

Vázquez ayer estuvo ausente (con aviso). También faltó un diputado por el peronismo que debería reemplazar a Anabel Fernández Sagasti, que dejó vacante su lugar como consejera por Diputados ya que asumió como senadora por Mendoza. Aunque el bloque ya propuso un reemplazante, el presidente de la Cámara -Emilio Monzó- aún no oficializó la designación, lo cual demora también la toma de juramento por parte de Lorenzetti.

El reparto de las comisiones permite vislumbrar futuras contiendas. Los jueces Luis Cabral y Moldes conducirán la Comisión de Selección en un momento sensible por la cantidad de concursos rutilantes que deben tratarse. El problema es que, al igual que le ocurría al kirchnerismo, no asoma como un trámite simple lograr los consensos de 9 votos que se precisan para elevar ternas. Aun con la buena predisposición de Recalde, que ya fue prometida, estaría faltando un voto.

La abogada Donato desembarcara en la Comisión de Disciplina y Acusación que tendrá una fuerte impronta del bloque oficialista. Esto es clave para aquellos interlocutores del Gobierno que están convencidos de ejercer una estrategia de presión sobre diversos jueces. Una táctica que ya habría surtido efecto en Norberto Oyarbide y que ahora se busca replicar en los casos de Rodolfo Canicoba Corral y Eduardo Freiler.

Piedecasas tiene por delante un desafío rutilante porque su gestión tiene dos frentes de posible transición hacia un escenario diferente. Por un lado un fallo judicial que ordena que el Consejo regrese a su conformación previa a la reforma de 2005, donde la influencia central era de la Corte. Esa resolución ya fue apelada. Por otro lado el oficialismo está redactando una nueva reforma para la Magistratura. Conciliar esos potenciales con las reyertas cotidianas obligarán al nuevo presidente del cuerpo colegiado a desempeñar un rol de equilibrista entre el Gobierno y la Corte Suprema.

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