Gobierno tomó total control de fondos de obras sociales

Liliana Korenfeld

El Gobierno terminó ayer de tomar el control de los fondos extraordinarios de las obras sociales. Un decreto publicado en el Boletín Oficial estableció la absorción de la Administración de Programas Especiales (APE), un organismo que reintegra a las obras sociales el valor de los tratamientos médicos más costosos, por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), a cargo de Liliana Korenfeld. La medida, que implicará el manejo de $ 1.400 millones sin intermediación gremial, causó preocupación en los sindicatos ante posibles avances oficiales sobre fondos que reclaman como propios.

La absorción de la APE por la SSS había sido adelantada por este diario el 3 de julio, cuando dio a conocer la salida del hasta entonces superintendente, Ricardo Bellagio, y su reemplazo por la exdiputada de Santa Cruz. Junto con el Decreto 1.198/12 fueron publicados otros dos en los que se aceptaron las renuncias de casi toda la conducción de la Superintendencia. Korenfeld, de acuerdo con la normativa, tendrá 90 días para reestructurar el organismo. En el Ejecutivo dijeron que el hombre clave detrás de la medida es el director del PAMI, Luciano Di Césare, consejero central de la exlegisladora desde su llegada al área.

La resolución tiene varias aristas: en lo formal, apunta a hacer más eficiente el pago de reembolsos a las obras sociales sindicales, con la investigación judicial por la denominada «mafia de los medicamentos» -ambos organismos fueron allanados en varias ocasiones- como telón de fondo. Pero además opera como señal a los sindicatos, en plena pelea del Gobierno con Hugo Moyano, y por otro al ministro de Salud, Juan Manzur, que mantiene a funcionarios de su confianza en la estructura de la APE.

Designación

El recorte de influencia del jefe de la CGT en el sector fue progresivo. El año pasado fue despedido de la jefatura de la APE Daniel Colombo Russell, uno de sus abogados, y en los meses siguientes sucedió lo propio con otros funcionarios puestos por el sindicalista, como Hugo Sola y Cristian Asorey. La SSS, hasta entonces a salvo de la razia, se vio sacudida en marzo de este año con la llegada de Korenfeld al cargo de gerente general, por debajo de Bellagio -un técnico de carrera que era sindicado como cercano a los sindicalistas José Luis Lingeri y Oscar Mangone-, y cuatro meses después con el reemplazo al frente de la Superintendencia.

A partir de los decretos publicados ayer, Korenfeld ya no tendrá intermediación gremial en sus decisiones. Como gerente general de la SSS fue designado el economista Ariel Lieutier, exsubsecretario de Trabajo porteño entre 2006 y 2007 y exfuncionario de la Corporación Buenos Aires Sur. Lieutier integra, además, el staff de la consultora SID Baires y asesora a la fundación La Alameda, conocida por sus denuncias sobre talleres clandestinos. Sobre esta última tarea el economista publicó en 2010 el libro «Esclavos: los trabajadores costureros en la Ciudad de Buenos Aires».

Pero más allá del presupuesto anual de la APE, desde ahora bajo la órbita de la Superintendencia, la preocupación sindical ayer giraba en torno a un monto mayor: el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que en la actualidad acumula casi 15 mil millones de pesos. Se trata de un fondo anticíclico que alimenta la APE con una porción de la recaudación de la AFIP entre las obras sociales. La queja recurrente de los gremialistas es que el Estado destina cada año menos del 10% del FSR para la cobertura de los tratamientos médicos y que no da cuenta del uso del dinero restante.

En un año de crisis internacional, funcionarios y sindicalistas dieron por hecho que el próximo paso será el manejo directo por parte del Estado de los tratamientos denominados «de baja incidencia y alto costo», como los de HIV-sida, hemofilia y trasplantes. Y de igual manera, con los medicamentos amparados por la legislación que creó la APE. De concretarse esa iniciativa, Moyano y sus rivales en la CGT -ambos reclaman por igual los recursos del FSR- no tendrían argumentos para exigir la devolución de los 15 mil millones de pesos. Sería el Estado, mediante la Superintendencia, el que quedaría a cargo de esas prestaciones.

De la sangría de personal que respondía a Bellagio y a Manzur zafó el médico Donato Spaccavento, de confianza de la familia Kirchner, que fue reubicado a cargo de una gerencia en la nueva estructura de la SSS.