La formalidad de las denuncias judiciales que acumuló ayer el ultraizquierdista Fernando Esteche, no rebajan la gravedad de los dichos que las provocaron. El cacique de la agrupación Quebracho que anima el partido Miles que pilotea Luis D'Elía e integran, entre otros el exvicepresidente Amado Boudou dijo ante las radios que, si Cristina de Kirchner fuera detenida, el juez que promoviera esa medida "podría aparecer muerto". La advertencia pareció un disparo contra el propio kirchnerismo residual, pero no hubo expresiones de repudio en ese sentido.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El Gobierno lo denunció por "intimidación pública" y un fiscal pidió que le realicen al activista, pericias psiquiátricas, seguramente para evaluar si su violencia encuentra justificativo en algún tipo de desequilibrio cerebral.
"¿Qué podría pasar si la detienen a la expresidente?", le preguntaron en Radio Cooperativa y respondió: "Yo creo que es una cosa que no puede pasar. Cuando uno hace análisis político y proyecta, juega con todas las alternativas , pero es una alternativa que nos resistimos" y "no por un problema de voluntad, sino porque entendemos que como está el sistema político hoy es una variable casi insostenible. No lo soporta el sistema político. Y si algún juez, por autonomía relativa, por vocación individual de salir en algún medio, por ser más papistas que el Papa, se le ocurriera semejante cosa, yo creo que es un juez que inmediatamente sería sacado del juego".
"¿Cómo sería sacado del juego?". Esteche explicó: "Podrían destituirlo, apartarlo de la causa, plantearle la incompetencia, podría aparecer muerto. Puede pasar cualquier cosa. La relación de poder es siniestra".
El fiscal penal de La Plata Marcelo Romero lo denunció por intimidación pública, pidió "pericias psiquiátricas y psicológicas para "establecer su capacidad para estar en juicio y la comprensión o no de la criminalidad de los actos" y explicó que los dichos "superan con holgura la simple libertad de expresión, internándose en el plano de la ilegalidad, sobre todo por tratarse de un dirigente político, docente universitario, con seguidores y adherentes, y por haberse pronunciado públicamente".
Además el Ministerio de Seguridad presentó, bajo la figura de intimidación pública, una denuncia penal considerando que "no se tolerarán actos que busquen generar en la sociedad un clima de pánico, miedo y violencia colectiva".
Dejá tu comentario