Una disputa sindical amenaza con afectar el transporte fluvial de YPF y, de esa manera, poner en riesgo el abastecimiento de la petrolera.
Cada semana, el CEO de YPF, Miguel Galuccio, recibe un ultimátum gremial sobre el bloqueo del transporte fluvial de la petrolera. Lo dispara el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que capitanea Omar "Caballo" Suárez, un exdelfín moyanista que mantuvo su alianza con la Casa Rosada cuando el camionero rompió con Cristina de Kirchner.
El ring de la disputa es el consorcio de cooperación naviera Argentina, responsable del grueso del transporte interno de YPF. El origen es un conflicto de encuadramiento sindical, típico en el póker gremial, pero que en este caso puso en alerta a la cúpula de YPF y, por contagio, al Gobierno nacional.
A los problemas estructurales de la petrolera se sumó, a principios de abril, el incendio de la refinaría de La Plata -que obligará a incrementar un 6% la importación de combustible- y ahora, por el momento sólo verbalmente, el SOMU amenaza con interrumpir el transporte, con el riesgo que eso implica para el abastecimiento.
La avanzada de Suárez es puntual: aunque su gremio es minoritario en el consorcio, pretende que el personal a bordo de todos los buques -son 21- se afilie compulsivamente al SOMU y deje de pertenecer al SUPEH Flota.
El sistema es conocido y tuvo, durante los primeros años del Gobierno de Néstor Kirchner, a Moyano como el gran beneficiado porque, amparado por el presidente, se nutrió de miles de afiliados de otros gremios. El "engorde" del camionero, ahora jefe de la CGT disidente, se convirtió más tarde en un problema para Cristina.
El tironeo tiene particularidades.
El consorcio fue creado luego de la privatización de YPF en los años 90, y entre sus "socios" figura el SUPEH Flota, junto a las compañías Naviera Sur Petrolera y National Shipping, ambas de capitales nacionales. Se dedica al transporte del combustible de YPF y la discusión se centra en el personal de los 21 buques que posee, 17 de los cuales son de bandera argentina y los trabajadores están afiliados a SUPEH, mientras que otros cuatro, adquiridos a Shell, son de bandera extranjera y están afiliados a SOMU.
El SOMU, que conduce Suárez, pretende que el personal de a bordo pase "compulsivamente" a formar parte de sus afiliados. El recurso de presión consiste en inmovilizar la flota, algo que según la compañía se hizo en varias ocasiones en el último tiempo, a partir de una acción sencilla: el personal de los remolcadores es del SOMU de Suárez, y como los mismos son imprescindibles para la movilidad de los buques en el puerto, paraliza los remolcadores y frena el transporte.
No hay, en principio, una demanda salarial en torno a la discusión sino que se trata puntualmente de una disputa de encuadramiento sindical, con el dato adicional de que el SUPEH forma parte de la empresa sobre cuyos trabajadores se desató la disputa gremial. Como ambos gremios pertenecen a la CGT Balcarce, debería ensayarse primero una resolución por la vía de la confederación.
La posibilidad de una paralización en el transporte de YPF podría, de manera directa, afectar el abastecimiento de combustibles, que ya sufrió complicaciones a partir del incendio de la refinería de La Plata, ocurrido tras la inundación del 2 de abril pasado.
La amenaza, semana a semana, del SOMU agrega un factor crítico que es seguido de cerca por la petrolera que preside Galuccio.
P.I.
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