Gremios sacan al PAMI del control de fondos

La CGT oficialista logró finalmente desembarazarse de la custodia del PAMI sobre los fondos de las obras sociales. Como había anticipado este diario, una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) limitó a la Facultad de Medicina de la UBA las instancias de control sobre los recursos que les gira el Estado a las prestadoras de los sindicatos. Se trata de una concesión del Gobierno a los gremios más afines, en momentos en que la agenda de reclamos de esa central sindical permanece sin atender en sus puntos más delicados.

La Resolución 1.374 fechada el 6 de marzo, pero publicada en el Boletín Oficial una semana después, reemplazó otra de septiembre del año pasado que había creado un doble control sobre los fondos manejados por la ex Administración de Programas Especiales (APE), por parte de la UBA y el PAMI. La obra social de los jubilados había sido incluida para prestar asistencia técnica en el seguimiento de expedientes por reembolsos de tratamientos médicos costosos.

La gestión por una nueva resolución estuvo a cargo del jefe del gremio de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, y su publicación fue interpretada como un triunfo de la CGT oficialista. Sus dirigentes sospechan que Luciano Di Césare, el director ejecutivo del PAMI, es el responsable de bloquear el flujo de recursos de la ex APE a sus obras sociales. Otros, en cambio, admiten que el corte o la habilitación de fondos dependen exclusivamente de Cristina de Kirchner, como método indirecto de disciplinamiento de los sindicatos.

Al mismo tiempo que se publicaba la nueva normativa, desde la central obrera admitían que la SSS ya había ordenado liquidar unos 150 millones de pesos correspondientes a trámites pendientes de 2011 y 2012. En esa organización calculan que no menos de 2.000 millones de pesos permanecen congelados a la espera de una autorización administrativa para volver a las obras sociales como reintegros por las prestaciones médicas más caras, como sida, hemofilia, cáncer y trasplantes.

Pero incluso esa cifra pendiente está lejos de los casi 20 mil millones de pesos que estiman en los gremios que el Gobierno dejó de girarles a sus obras sociales. Ese monto corresponde a la recaudación de la AFIP sobre las prestadoras sindicales, que, de acuerdo con las quejas constantes, no tiene su correlato en el presupuesto de los organismos encargados de distribuir recursos.

En tanto, el jueves la SSS publicó otra resolución que extendió hasta el 31 de diciembre el plazo para presentar solicitudes de reembolsos por medicamentos. La normativa admite que el Sistema Nacional de Trazabilidad todavía está en desarrollo, lo que impedía aún su plena vigencia.