Guerra con Buenos Aires por cobro de impuestos

Santiago Montoya

La presunta «retención compulsiva» de Ingresos Brutos sobre las cuentas bancarias de empresarios de Córdoba y de Santa Fe por parte de la Agencia de Recaudación Bonaerense desató en los últimos días una virtual guerra interprovincial.

Esta semana, la Unión Industrial de Córdoba y la Asociación Empresaria de Rosario avanzaron con diversas acciones contra lo que consideran una operación indebida.

En el caso de Córdoba, los industriales lograron, además, el acompañamiento del Gobierno de Juan Schiaretti para encarar un reclamo

conjunto ante el tribunal arbitral del convenio multilateral de impuestos, y exigir la inmediata exclusión del padrón de retenciones de los contribuyentes cordobeses que no registran actividad comercial ni económica en Buenos Aires. Gerardo Juárez, titular del departamento Jurídico y de Política Social de la UIC, justificó la decisión en la necesidad de enfrentar la «confiscación» que supone meter mano en una cuenta bancaria sin ningún tipo de orden judicial mediante.

En Santa Fe, la entidad que agrupa a los empresarios realizó una presentación ante la Defensoría del Pueblo local por el descuento «compulsivo e indebido de las cuentas bancarias». La suma asciende a los $ 4 mil millones y afecta a comerciantes santafesinos bajo la presunción de que comercializan en territorio bonaerense. La entidad ya había denunciado a ARBA en tiempos del ex recaudador Santiago Montoya (impulsor de la polémica resolución), sobre principios del año pasado, por la misma retención de Ingresos Brutos vía las cuentas bancarias.

En la Defensoría del Pueblo de Santa Fe consideraron «una exacción ilegal» la situación denunciada por la AER y analizan elevar el reclamo al defensor del pueblo de la Nación, según publicaron medios locales.

En enero, el malestar propició una acción de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que mantuvo una reunión con funcionarios de ARBA ante quienes pidió que ese organismo se abstenga de continuar con dichas retenciones.

La polémica -de larga data- motivó en varias oportunidades la reacción de las autoridades bonaerenses, que explican que la retención se basa en el principio de sustento de territorialidad que contempla el Convenio de Multilateral establecido hace más de veinte años entre todas las provincias.

«A partir de que dichas personas físicas o jurídicas no figuran inscriptas en los padrones de ARBA, y tampoco en los listados de adhesión a este acuerdo interjurisdiccional, la ley faculta la implementación de esta herramienta para combatir la evasión tributaria», afirman.

Según se aclara, cuando una persona física o jurídica realiza operaciones de compra y venta o mantiene actividades dentro del territorio de la provincia, ARBA está facultada para considerarla como «presunto contribuyente» y comenzar a realizarle las retenciones correspondientes.