Históricamente nuestro país atravesó un proceso de deterioro en la imagen de los empleados públicos que se instaló en el imaginario colectivo. Este estereotipo aparejaba la idea de que era improbable encontrar un empleado comprometido y con verdadera vocación de servicio. En la última década, la tendencia se acentuó producto de la desidia política y administrativa, perjudicando aún más a los a trabajadores y deteriorando gradualmente la calidad de los servicios que brinda el Estado.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La relación de la sociedad con el Estado debe ser de reciprocidad: los ciudadanos contribuyen con sus impuestos y el Estado los transforma en soluciones concretas. Pero el Estado no es un robot, impersonal, sin cara, sino que es un grupo de personas que, con tecnología y sistemas de gestión, ponen a disposición sus conocimientos y habilidades para servir al país.
Cada empleado, desde su lugar, reporta un beneficio tanto a la sociedad en general como a cada vecino en particular. Todos alguna vez tuvimos que hacer algún trámite que nos pareció innecesariamente engorroso e incluso, suelen darse casos donde el destinatario de esa frustración es la persona que atiende el mostrador y da la cara por una administración de la que es parte, pero que lo excede. Es injusto responsabilizar solamente a los trabajadores del Estado cuando nunca tuvieron detrás, salvo contadas excepciones, una gestión seria, que los valore, reconozca y les provea herramientas digitales de calidad.
A partir de la decisión política del presidente Mauricio Macri -a través del Plan de Modernización- el enfoque para generar un Estado al servicio de la gente es totalmente revolucionario respecto a lo que habían sido las experiencias en la materia en los últimos 30 años. Esta concepción incluye la necesaria incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación y la capacitación a quienes deben aprovecharlas, para que puedan convertir esos recursos en verdaderas mejoras al servicio del país.
En un año y medio de gestión, hemos transformado el Instituto Nacional de la Administración Pública, triplicando la cantidad de vacantes, aumentando en un 60% la oferta académica y brindando formación virtual y presencial según el perfil y la función de cada empleado. Por ejemplo, entre 2016 y 2017, 80.000 trabajadores se capacitaron en la Gestión Documental Electrónica.
Por otro lado, también se van incorporando mecanismos, como la evaluación de desempeño como requisito para el desarrollo profesional, la promoción de los concursos públicos y abiertos como única vía de ingreso, y promoviendo la gestión por resultados. En definitiva, una organización que valore la transparencia, la idoneidad, el mérito y la igualdad de oportunidades.
Esta transformación además de cultural, es tecnológica: modernizando los procesos internos y actualizando los sistemas de gestión, los empleados utilizan herramientas cada vez más eficientes para hacer su trabajo, y los argentinos disfrutan de un Estado que deja de poner trabas y acompaña con soluciones innovadoras a problemas de todos los días.
Queremos lograr que la misma relación de reciprocidad que hay entre Estado y sociedad se extienda al vínculo entre Estado y empleado, para que el trabajador pueda crecer profesionalmente, mientras brinda lo mejor de sí por el país. Un triple beneficio: para los empleados, para la los ciudadanos y, en definitiva, para la Argentina.
Hoy tenemos la oportunidad histórica para construir definitivamente un Estado moderno, del siglo XXI. No se trata de las personas o la tecnología, sino de las personas y la tecnología.
Dejá tu comentario