Hidrocarburos: desafío para patagónicas

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Neuquén (de nuestra agencia) - El sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa decidió realizar un paro de 24 horas mañana en protesta por el despido de cerca de 100 trabajadores de las empresas YPF, Skanka y San Antonio, y la amenaza sobre otros 700 de otras operadoras de la Cuenca Neuquina, una de las más importantes del país.

La medida de fuerza sindical se produce en medio de la pelea del Gobierno de Cristina de Kirchner con YPF y su controladora Repsol, y cuando los gobernadores agrupados en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) se han alineado con la Casa Rosada y reclaman sanciones para las empresas que -según su criterio- no han cumplido con las pautas de inversión comprometidas cuando renovaron los contratos para explotar áreas de petróleo y gas.

La posición de los mandatarios provinciales, como la de los dirigentes sindicales, no es la más cómoda: por un lado, la mayoría ha mantenido excelentes relaciones con las empresas petroleras y, por el otro, han hecho de su alineamiento con la Presidente su estrategia principal de gobierno.

Ello incluye desde al neuquino Jorge Sapag hasta a sus pares Martín Buzzi (Chubut), Daniel Peralta (Santa Cruz), Gildo Insfrán (Formosa), Juan Manuel Urtubey (Salta) y Francisco Pérez (Mendoza).

Pero quienes más pesan en el escenario hidrocarburífero nacional son las tres patagónicas, donde se encuentra el grueso de la producción, convirtiéndose en un recurso clave para sus propias economías.

Por ejemplo, en Neuquén hay alrededor de 36.000 empleos directos más 700 empresas tercerizadas de servicios, y las regalías son el principal componente de sus ingresos.

A su vez la provincia, gracias a la renta petrolera, contrata a pymes y monotributistas, por lo que un parate en la producción produciría un tremendo impacto negativo en su economía.

Este cuadro de situación no es ajeno a otras provincias petroleras pero con menos condicionantes, porque tienen otras alternativas económicas como la fruticultura y la pesca.

Es el caso de Río Negro, donde su flamante gobernador, el frentegrandista Alberto Weretilneck, se ha encuadrado sin fisuras a Cristina de Kirchner y ha amenazado con aplicar sanciones a YPF y a otras compañías si no cumplen con sus proyectos de inversión. Lo mismo están haciendo Buzzi en Chubut y Peralta en Santa Cruz, aunque no se encuentran tan condicionados como Sapag.

El gobernador neuquino, quien también ha hecho de su alianza con la jefa de Estado su eje clave de gestión y ello ha redituado en anuncios de grandes obras públicas, trata de mantener un delicado equilibrio y busca una solución hacia adelante.

Por eso anunció en la Legislatura su plan quinquenal de desarrollo petrolero y gasífero sobre la base del desarrollo de los nuevos yacimientos de gas y petróleo no convencionales, pero para ello se requieren inversiones en el orden de los 38.000 millones de dólares.

Tamaña inversión es la que despierta escalofríos no sólo a los gobernadores sino a los sindicalistas locales que se reportan al petrolero Guillermo Pereyra, otro dirigente que -como sus coterráneos- jugó a dos aguas: por un lado, tiene línea directa con Antoni Brufau, el mandamás de Repsol YPF, y por el otro, goza de teléfono rojo con Julio De Vido y, en vida, con el propio Néstor Kirchner.

Todos recuerdan el apoyo del expresidente al sindicalista cuando el gremio consiguió elevar el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. En esos momentos, Pereyra lideraba sin fisuras el denominado bloque patagónico del sindicato que los agrupa y se enfrentaba sin medias tintas a la Confederación de Sindicatos Petroleros que se reporta al ministro de Trabajo, Carlos Tomada.

Hoy Pereyra ya no es el patrón de la vereda de los gremios petroleros del Sur y su relación con Cristina de Kirchner no es la misma que con Néstor. Para colmo, su estrecha relación con Hugo Moyano lo vuelve desconfiable.

Por eso, y bajo el argumento -real- de defender las fuentes de trabajo por el tremendo impacto en la economía regional, Pereyra convocó a un paro y se prepara para defender con uñas y dientes una estabilidad que le costó mucho mantener.

El viernes Pereyra se reunió con Weretilneck y esta semana lo hará con Sapag. El rionegrino amenazó con sanciones y la respuesta inmediata de las petroleras fue la de paralizar equipos «como una suerte de presión para que no se cancelen contratos».

Lo cierto es que, en este escenario, es muy difícil el cumplimiento de las metas de aumento de la producción como reclaman Nación y los gobernadores, y los gremialistas saben por experiencia sobre lo que sucede cuando las multinacionales del petróleo deciden retirarse de un lugar.

Por eso Pereyra también mandó un mensaje a Olivos: «La estatización es inviable porque el Estado podrá comprar parte de YPF», pero «lo que no va a poder hacer es invertir 20 o 30.000 millones de dólares, que es lo que hace falta», dijo.

Esta posición no es la misma que la de Buzzi, quien le dio un plazo de siete días a YPF para que efectúe un descargo sobre «el incumplimiento de sus obligaciones» y cargó contra el rey Juan Carlos, a quien en el sur le atribuyen funciones de lobby a favor de Repsol.

«El de YPF y el petróleo es un problema de los argentinos; el reinado de España que se ocupe de sus cuestiones monárquicas», dijo el gobernador, aunque YPF no es la principal operadora en la provincia sino que ese lugar lo ocupa Pan American Energy, de los hermanos Bulgheroni, asociada con la inglesa British Oil Company.

Buzzi -quien se alejó de su mentor, el peronista crítico Mario Das Neves, se refugió en el kirchnerismo puro y acata sin reparos las directivas de Buenos Aires- considera que la multinacional hispano-argentina no cumplió con lo pactado y en Chubut hay 4 áreas improductivas, y amenazó -junto a Santa Cruz- con revocar las concesiones.

De todos modos, los mandatarios aún están a la espera de una decisión de Cristina de Kirchner, y aguardan definiciones más duras que el mensaje presidencial ante la Asamblea Legislativa del pasado 1 de marzo.

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