Soldados montan guardia en el edificio del Congreso
Tegucigalpa - El Gobierno de facto de Honduras abrió ayer la puerta a un adelanto de las elecciones como vía para solucionar la crisis política en el país, en la víspera de la llegada del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, quien adelantó su viaje a Tegucigalpa. En este marco, el rechazo internacional a los golpistas, lejos de apaciguarse, se incrementa día a día.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El nuevo presidente, Roberto Micheletti, declaró a los periodistas que está «totalmente de acuerdo» con el adelanto de las elecciones generales convocadas para noviembre próximo y reconoció que ello supondría «posiblemente un arreglo político, siempre y cuando sea para bien de todos los hondureños». «Siempre enmarcados dentro de la ley, no hay ningún problema, yo no tengo ninguna objeción, si acaso esa fuera una manera de solucionar» la crisis, indicó Micheletti.
Además, respondió al anuncio del viaje de Insulza al país con una declaración de que será «bienvenido», escuchado y se le pondrá al tanto de la «cronología» de los acontecimientos acaecidos desde el domingo.
«Es bienvenido, todos los países del mundo son bienvenidos», dijo a los periodistas Micheletti, después de que el secretario general de la OEA anunciara el viaje y asegurara que la comunidad internacional «hizo prácticamente todo lo que podía hacer» para reclamar la restitución de Manuel Zelaya.
El nuevo presidente explicó que Insulza llegará acompañado de una comisión para mantener contactos con miembros del Poder Judicial, aunque no dio por seguro que se vaya a entrevistar con el secretario general de la OEA.
Con el viaje a Tegucigalpa, Insulza pretende cumplir con el mandato recibido por la Asamblea General extraordinaria de la OEA en su reunión de la madrugada del pasado miércoles en Washington. La resolución adoptada ese día dio un plazo de 72 horas al nuevo Gobierno de Micheletti para que restituya al mandatario depuesto, bajo la amenaza de suspender a Honduras del foro regional. En este contexto, entró en stand by la llegada de Zelaya al país acompañado por Cristina Fernández de Kirchner y Rafael Correa, lo que podría concretarse este fin de semana.
Las partes intentaron mostrarse nuevamente inflexibles. El depuesto presidente aseguró ayer en Panamá que Insulza viajará a Honduras a informar a las autoridades «golpistas» del aviso dado por la OEA y «no a negociar».
El nuevo Gobierno insiste en que si el depuesto presidente regresa al país, será arrestado bajo cargos por 18 delitos. El Ministerio Público confirmó ayer que hay una orden de captura internacional contra Zelaya por cuatro de esos delitos.
En otra respuesta contundente de la comunidad internacional, todos los embajadores de países de la Unión Europea (UE) en Honduras abandonaron el país centroamericano. «La UE expresa su profunda preocupación ante la crisis política en Honduras y las violaciones del orden constitucional», indicó. «En respuesta a la gravedad de la situación», todos los embajadores de la UE abandonaron el país, destacó el comunicado de la presidencia pro témpore de Suecia.
Sólo cuatro de los 27 miembros de la UE (Francia, Alemania, Italia y España) disponen de representaciones diplomáticas de alto nivel en Tegucigalpa.
El jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, insistió por su parte en que «hay que ser muy firmes» en pedir que Zelaya sea repuesto en la presidencia. «Podemos discutir la gestión de Zelaya. Ha podido cometer hechos que lleven a un enjuiciamiento político o en los tribunales, pero es indiscutible que a un presidente no se le puede secuestrar por militares y sacarlo del país», afirmó.
Mientras tanto, 5.000 hondureños volvieron a manifestarse en las calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula, la capital industrial y económica del país a favor de Zelaya. Dirigentes de sindicatos y agrupaciones políticas locales dijeron además que tienen noticias de que hay numerosas órdenes de captura contra quienes organizan las protestas.
La jornada no culminó tranquila, ya que la Policía lanzó gases lacrimógenos y usó camiones hidrantes para dispersar a manifestantes. Los fuerzas de seguridad forzaron a periodistas a salir de la zona.
Dejá tu comentario