Incertidumbre portuaria por el avance inmobiliario

A pesar de los anuncios oficiales de licitaciones de las terminales de Puerto Nuevo, la vocación del Real Estate se impone; primeras señales del cambio de fisonomía

 Las peores pesadillas de los actores portuarios de Buenos Aires son los sueños de los desarrolladores inmobiliarios: borrar con actos administrativos las dársenas y muelles, los accesos a las terminales portuarias y los depósitos fiscales de la zona retroportuaria para erigir ahí edificios residenciales, de oficina y grandes extensiones comerciales. Las versiones oficiales descartan que "toda zona de actividad portuaria" cambie de uso. Es más, desde la propia Administración General de Puertos (AGP) anunciaron la licitación para dos nuevas terminales de contenedores en Puerto Nuevo, a principios de 2017.

Pero, teorías conspirativas al margen, la vocación inmobiliaria y de renovación estética de la ciudad de Buenos Aires que caracteriza al macrismo permite el beneficio de la duda. Y aquí vuelve a emerger el Ave Fénix de las terminales portuarias en el país: Ictsi, el operador filipino responsable de Tecplata (una terminal de más de 400 millones de dólares que cerró antes de inaugurarse, en La Plata), de la mano de su presidente, Enrique Razón y su hombre fuerte en las Américas, Marcelo Suárez. Datos que ya son reales: enterrar los camiones del corredor Huergo-Madero en las trincheras del Paseo del Bajo (cuyos accesos a las terminales no están del todo definidos), mudar los depósitos fiscales, y ceder la parrilla ferroviaria de Empalme Norte Pero el trasfondo jurídico de estas normas comprenderían irregularidades administrativas según fuentes consultadas. En efecto, la resolución 97/2016 de la Subsecretaría de Puertos estableció los nuevos límites del puerto de Buenos Aires, descontextualizando un artículo del decreto reglamentario 769/93 de la Ley de Puertos 24.093, que pasó los puertos a las provincias. En la nueva traza, la parrilla ferroviaria Empalme Norte (frente a Catalinas) habría dejado de ser jurisdicción portuaria.

En rigor, el artículo 12 del decreto 769/93 establecía que la Subsecretaría de Puertos debía establecer los límites. Esto no faculta a Jorge Metz, funcionario que firmó la resolución en agosto pasado, a modificar los límites. La parrilla ferroviaria es jurisdicción portuaria. Es la Administración General de Puertos (AGP) quien tiene la solvencia técnica para velar por su uso. La AGP, no obstante, no opuso objeciones a la firma de Metz. Al ser Empalme Norte propiedad del puerto de Buenos Aires, es un bien federal, que sirve a las economías regionales y cuyo funcionamiento es vital para el 60% de los contenedores del país, que operan en Buenos Aires. Tan grave como la resolución 97 es el decreto 1173/16, que autoriza a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a vender la parrilla ferroportuaria por considerarla "innecesaria".

Sin embargo, la parrilla se reactivó hace 5 años, cuando volvió a entrar el ferrocarril al puerto luego de 20 años de inactividad. En sus considerandos se señala que la AABE gestiona la venta de inmuebles "pertenecientes al dominio privado del Estado nacional". Para el artículo 235 del nuevo Código Civil, el puerto es "dominio público" del Estado. Destinar ese espacio a un uso no portuario es malversación del patrimonio público.

De hecho, el decreto reglamentario de la ley de puertos establece sanciones si se le da al puerto un uso distinto para el que fue habilitado. El predio en cuestión abarca 90.000 m2. Construir 20 pisos en 30.000 m2, a un valor de US$ 4000 el metro, equivaldría a un negocio de US$ 2400 millones. Gonzalo Mórtola, titular de la AGP, señaló que "la parrilla ferroviaria no pertenece más al ámbito portuario. Tenía 22 vías, se usaban 6, y el puerto se queda con 8. Tenemos una ciudad que le da la espalda al río. Todos coincidimos que la ciudad debe mirar al río, y todo apunta a eso. No se afecta la operatoria portuaria", añadió. Las suspicacias crecen en el ambiente luego de que se diera a conocer el proyecto de la desarrolladora Argencons para levantar el Quartier Puerto Retiro, un emprendimiento que contempla la refuncionalización del Hospital Ferroviario, oficinas y residencias en el terreno de las avenidas Antártida Argentina y Ramón Castillo. "Es una inversión de US$ 215 millones en una de las zonas más relegadas de la ciudad, que va a sinergizar con el Paseo del Bajo", explicó el gerente comercial de Argencons, Carlos Spina, quien agregó: "Somos la punta de lanza en el desarrollo urbano de la zona". Las obras arrancarían en octubre de 2017 y se extenderían por 30 meses. La fisonomía del puerto, tal como se conoce hasta hoy, cambiaría por completo: los actuales accesos a las terminales desaparecerían. El Ministerio de Desarrollo Urbano porteño no respondió a las consultas realizadas. "En lo personal me parece espectacular que se quiera potenciar y darle valor a la zona. La actividad portuaria no se toca", insistió Mórtola. Por caso, los depósitos fiscales, territorialmente, dependían de AGP. Ya no más. Y el Paso del Bajo requiere la mudanza de varios de ellos. "En el mundo no hay depósitos fiscales alrededor del puerto. Para eso existen las terminales portuarias internas", aseguró Mórtola. Fuentes de los depósitos fiscales, en cambio, dicen lo contrario: "No existe en ningún lugar importante del mundo un puerto que no contenga un espacio de retropuerto o polo logístico portuario". Hasta ahora, no sólo no están definidos cómo serán los accesos a las terminales, sino que tampoco se conoce hay un plan de contingencia. La conectividad con el Mercado Central, lugar que concentraría la actividad, es toda una incógnita. Más allá del impacto en el empleo portuario, esa mudanza encarecerá la logística con una mayor cantidad de camiones vinculando el puerto. A menos, que se reactive el ferrocarril, si es que no pierde más tierras a manos del Real Estate. Aquí es donde vuelven las teorías conspirativas.

A principios de año, el presidente Mauricio Macri se reunió con Enrique Razón, presidente de Ictsi, a instancias de un importante estudio de derecho administrativo y de José Torello, jefe de asesores de Macri y un ex Newman, padrino político de Mórtola. Uno de los hombres fuertes de Razón es Marcelo Suárez, socio de Ricardo Alessandrelli en una bodega mendoncina. Alessandrelli es, a su vez, presidente de Constellation Consultores, responsable de un proyecto que sería la delicia del Real Estate y la condena definitiva de Puerto Nuevo: Nuevas Terminales Atlántico Sur y Cambiemos Buenos Aires. El primero apunta a mover todas las terminales a La Plata, donde está Tecplata (de Ictsi) para dar lugar al segundo proyecto: marinas, shoppings, oficinas, parques, residencias y demás en lo que hasta hoy, se conoce como el puerto de Buenos Aires.

La Plata tiene un sólo inconveniente: los accesos terrestres. Por las dudas, la gobernadora María Eugenia Vidal ya llamó a licitación para mejorarlos. Las áreas de reserva de infraestructura portuaria son codiciadas. Si la vista al río se impone, sería importante conocer la infraestructura que la va a reemplazar cuando se desactive esta interfaz que conecta la economía argentina con el mundo