Indagatoria a Gemignani repercute en Consejo

Juan Carlos Gemignani. La fiscal pidió ayer su indagatoria.

 La situación del camarista de Casación Penal, Juan Carlos Gemignani quedó más comprometida tras el pedido de indagatoria formulado ayer por la fiscal federal Paloma Ochoa en el marco de la causa en la que se investiga al juez por la privación ilegal de una secretaria letrada, en un hecho inédito en la historia judicial. El juez Rodolfo Canicoba Corral deberá ahora definir si convoca a uno de sus superiores, algo que -como efecto secundario- trastocará los planes del oficialismo en el Consejo de la Magistratura, en relación con la nómina de jueces a los que el Gobierno tiene apuntados con expedientes disciplinarios para intentar su remoción.

Además de Gemignani, para la fiscal deberían comparecer como acusados los suboficiales de la Policía Federal Argentina que actuaron por orden del juez por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada de una secretaria de la misma Casación. El juez la mandó a detener durante la feria judicial de invierno por no cumplir una orden de inventariar objetos de una sala de audiencia del alto tribunal y el hecho fue un escándalo en tribunales con un trasfondo político del camarista contra su par Ana María Figueroa, hecho que después se cristalizó en una denuncia en su contra por presuntos objetos entregados a la Casación por el exministro Julio De Vido. Gemignani llegó a denunciar a su víctima, María Amelia Expucci, por no acatar sus órdenes, algo que fue rechazado de plano por los propios jueces federales que archivaron la presentación.

Según el dictamen, la fiscal señaló que la prosecretaria fue, cuanto menos, "víctima de una detención ilegal (...), los malos tratos y la innecesaria urgencia con la cual el Dr. Gemignani compelió a la Dra. Expucci a participar de lo que denominó un procedimiento con el cual se pretendía inventariar unas cajas existentes" no encuentra otra explicación. En este sentido, manifestó que el juez hizo caso omiso a las dudas de la víctima vinculadas con la "procedencia y formalidades" de aquella actuación, y ordenó su detención "interpretando tendenciosamente sus preguntas sobre el procedimiento como una desobediencia funcional".

Ochoa entendió que existió una orden infundada de detención e incomunicación y que no existió un elemento objetivo que validara el accionar del juez y de los agentes policiales. Agregó que dicho comportamiento "sólo puede ser entendido como propio de una situación de abuso de poder en una relación desigual", a lo que agregó un componente de género en ese abuso. Ochoa sostuvo, "este señalamiento remite a los ya conocidos, pero aún lamentablemente no superados, patrones socioculturales de violencia hacia las mujeres, que refuerzan y mantienen la desventaja estructural en la que todavía hoy nos encontramos", algo que había sido mencionado en el requerimiento donde lo había imputado a Gemignani.

El pedido de la fiscalía tuvo impacto en el Consejo, donde el camarista tiene radicado un pedido de destitución por parte del gremio de los empleados judiciales, lo que también se colará en las discusiones de la comisión de disciplina que ya había apuntado a una nómina de jueces a los que el PRO quería afuera de sus juzgados.

G. M.