INDEC ya complica al Gobierno en el Congreso

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El Congreso siguió esta semana de vacaciones como si no faltaran sólo 14 días para una de las sesiones más importantes del año. El 5 de agosto, el kirchnerismo intentará llevar al recinto el proyecto de prórroga de toda la legislación delegada (unas 2.000 leyes que le entregan al Poder Ejecutivo facultades de administración que son originarias del Congreso) que debe sancionar antes del 24 de ese mismo mes si no quiere generarse un conflicto legal que, sin llegar al extremo de vaciar de poderes a la administración nacional, puede complicar jurídicamente al Gobierno.

La Coalición Cívica, el macrismo y el radicalismo ya adelantaron que concurrirán a esa sesión, por lo que el quórum no será un problema para el kirchnerismo. El peligro puede aparecer en el tratamiento en particular, cuando se debatan facultades delegadas al Ejecutivo como, por ejemplo, fijar aranceles de exportaciones. La oposición ya hizo saber que presionará para modificar las facultades que se otorgaron al Gobierno en el Código Aduanero o al menos postergar la decisión por seis meses.

De todas formas, hasta ahora ese debate aparecía controlado por el Gobierno, pero el tono que fue tomando el diálogo en la Casa Rosada ya está conspirando contra la poca tranquilidad que había conseguido el kirchnerismo. Desde esta semana, el santafesino Agustín Rossi deberá negociar con los aliados del oficialismo una suerte de blindaje a esa votación que contrarreste las protestas de todos los bloques contra el decreto de Cristina de Kirchner con el que el Gobierno dio por cerrados los cambios en el INDEC. Todos los jefes opositores consideran una traición ese decreto después que hace una semana en Diputados el presidente de la Cámara, Eduardo Fellner, les prometió debatir la agenda completa de reclamos que en todos los casos está liderada por la crisis del organismo estadístico.

Señal

Ayer, el radical Oscar Aguad envió una primera señal: «Los cambios anunciados en el INDEC no contribuyen a reconstruir la confianza en las estadísticas oficiales y agravan la percepción de estafa que tienen los argentinos sobre la marcha del país», dijo en el Congreso.

Pero el Gobierno no parece escuchar esas críticas y menos evaluar el peligro que significa no llegar a acuerdos con la oposición de aquí al 10 de diciembre, cuando aún tiene poder de fuego para aprobar las leyes clave que están pendientes este año, incluido el Presupuesto nacional 2010. Lejos de esa percepción, la Casa Rosada comenzó a recibir ayer los primeros datos de un sondeo que se encargó para medir el impacto popular de los cambios en el INDEC. La euforia volvió cuando les anticiparon que el resultado sería superior al esperado. Como antes de las elecciones, el optimismo pareció ganar espacio sin atender a los peligros que se ciernen en el Congreso.

Agenda

Con la idea de que a pesar del diálogo y las promesas, el kirchnerismo intentará imponerse por la fuerza en las votaciones que vienen, los diputados y senadores del Acuerdo Cívico y Social se reunieron ayer para definir la agenda de leyes a debatir. A la cabeza de esa lista ubicaron el tarifazo en gas y electricidad, la política de ingreso ciudadano, la prórroga a la legislación delegada y el debate por las retenciones a las exportaciones de granos.

Bajo la conducción de Gerardo Morales acordaron trabajar para unificar los proyectos ya presentados en Diputados para bajarlos el 5 de agosto al recinto. Y además del INDEC, los radicales se subirán ahora a otra pelea: las tarifas. Ayer Morales prometió trabajar en dos ejes: «Uno para buscar dejar sin efecto los incrementos y otro para acordar un proyecto común de tarifa social».

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