Inédito: La Haya ordenó detener a un presidente

Omar Hassan al Bachir

La Haya - Por primera vez en su historia, la Corte Penal Internacional de La Haya emitió ayer una orden de arresto contra un presidente en funciones, el jefe de Estado de Sudán, Omar Hassan al Bachir, por crímenes de lesa humanidad y de guerra en la región Darfur. La crucial decisión fue saludada por organizaciones humanitarias y rechazada por el Gobierno sudanés, que denunció una «conspiración europea-estadounidense».
El tribunal de la ONU avaló siete de los diez cargos incluidos en la orden de detención pedida en julio de 2008 por el fiscal general, Luis Moreno Ocampo, entre los que se encuentran asesinato, violación, tortura y vinculación con ataques militares contra la población civil. Se calcula que la crisis se cobró la vida de 300.000 personas.
Por el contrario, los tres jueces de la Corte desestimaron la acusación de genocidio contra Al Bachir por considerar que la Fiscalía no había logrado demostrar de forma inequívoca ese extremo, explicó la administradora jurídica del órgano, Silvana Arbia. Sin embargo, la orden de detención podría ampliarse con esta acusación si se presentan nuevas pruebas.
La que posiblemente sea la medida más relevante tomada hasta ahora por el joven tribunal implica pedir al Gobierno de Sudán la extradición del dictador a La Haya. Si el país se negara a cumplir el requerimiento, el caso pasaría al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
«Se la pueden comer (la orden)», dijo Al Bachir frente a una multitud de seguidores en el norte de Sudán. En la misma línea, el ministro de Justicia, Abdel Baset Sedrat, rechazó la resolución de la CPI, que calificó de «decisión política».
Sedrat insistió en que su país no tratará con la CPI, ni la va a reconocer, porque este tribunal «no tiene competencia ni poderes en Sudán» y añadió que «el presidente Al Bachir continuará sus labores de forma habitual».
Sin embargo, la reacción del régimen de Jartum no se limitó a meras palabras, ya que también decidió expulsar a diez organizaciones de asistencia extranjeras de Darfur -estadounidenses, británicas, francesas y noruegas- e inhabilitar a dos sudanesas.
Entre las organizaciones afectadas se encuentran Médicos Sin Fronteras (que ya confirmó la evacuación de su personal internacional en Darfur), Oxfam, el Consejo noruego para los refugiados, Care International y Asistencia Internacional.
Poco después de conocida la noticia, cientos de personas se reunieron en el centro de Jartum para protestar contra la orden de arresto. En medio de estrictas medidas de seguridad, los manifestantes, que portaban fotografías del jefe de Estado, corearon eslóganes como «Continúa, continúa Bachir. Estamos contigo, guía», y criticaron la postura de los países occidentales, sobre todo, de EE.UU.
La tensión aumentó en la región sureña de Darfur, donde miembros de la ONU dijeron que cientos de tropas del Gobierno sudanés desfilaron por la capital regional El Fasher en una demostración de fuerza. «Parecía que quisieran recordarle a la población que ellos tienen el control», dijo uno de los funcionarios, que pidió no ser identificado.
El anuncio de la CPI generó reacciones encontradas. «Estados Unidos cree que quienes cometieron atrocidades deben ser llevados ante la Justicia», dijo el portavoz del Departamento de Estado, Robert Wood. China, la Unión Africana y la Liga Arabe sugirieron que una acusación podría desestabilizar la región, agravar el conflicto de Darfur y amenazar un complejo acuerdo de paz entre el norte y sur de Sudán, semiautónomo y potencialmente rico en crudo.
El fiscal Moreno Ocampo acusa a Bachir -en el poder desde que en 1989 encabezó un golpe de estado- de orquestar una campaña de violencia en Darfur. El conflicto en esa región comenzó cuando dos grupos insurgentes, el Movimiento de Justicia e Igualdad (MJI) y el Movimiento para la Liberación de Sudán (MLS), se levantaron en armas en febrero de 2003 contra el régimen de Jartum en protesta por la pobreza y la marginación que sufrían los habitantes de esta región. Desde el inicio del conflicto, cerca de 300.000 personas murieron y otros dos millones y medio se vieron obligadas a abandonar sus hogares, según cálculos de la ONU.
Agencias EFE, Reuters y DPA