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Informe clave expone a Chávez a que la OEA lo investigue
En su informe sobre la situación de los humanos en Venezuela, publicado ayer, la CIDH afirmó que la intolerancia política, la falta de independencia de los poderes del Estado, las restricciones a la libertad de expresión y a la protesta pacífica, la hostilidad hacia los disidentes, la violencia y la impunidad «limitan seriamente la vigencia» de los derechos en ese país.
«En Venezuela se ha atentado contra uno de los pilares básicos de los sistemas democráticos, como es el respeto de los derechos fundamentales de los individuos bajo los principios de igualdad y no discriminación», recalcó la Comisión en su esperado documento, que tiene 322 páginas.
En «Democracia y Derechos Humanos en Venezuela», el primer informe que la CIDH dedicó íntegramente a este país desde 2003, el organismo afirmó además que el Gobierno de Hugo Chávez adoptó una actitud de «rechazo» hacia las recomendaciones de organizaciones internacionales con el argumento de van contra la soberanía nacional.
La CIDH, que tuvo que elaborar el análisis sin haber podido visitar Venezuela, ante la negativa del Gobierno a autorizarla, consideró que el Estado debe intensificar sus esfuerzos para proteger mejor y de manera más efectiva los DD.HH.
El informe podría servir a la Organización de Estados Americanos (OEA) para plantearse por primera vez iniciar seriamente un debate en torno de sus denuncias y estudiar qué consecuencias tienen en virtud de lo estipulado en la Carta Democrática Interamericana.
La comisión afirmó que en Venezuela no existe una efectiva separación e independencia de los poderes públicos, no se garantiza a todas las personas el pleno ejercicio de sus derechos con independencia de su posición frente al Gobierno y se utiliza el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en razón de su opinión política.
También indicó que en Venezuela no existen las condiciones para que los defensores de DD.HH. y los periodistas ejerzan libremente su tarea y hay un patrón de impunidad en los casos de violencia, que afecta particularmente a los comunicadores sociales, sindicalistas, manifestantes, presos, campesinos, pueblos indígenas y a las mujeres.
La CIDH consideró preocupante que, a través de mecanismos como la inhabilitación política de candidatos o la modificación de competencias de ciertas autoridades hasta vaciarlas de contenido, se haya restringido los derechos políticos a quienes mantienen una línea crítica del Gobierno venezolano.
La Comisión subrayó que en general los ciudadanos y organizaciones que expresan su disenso son víctimas de represalias, intimidación, descalificación, exclusión, discriminación laboral e incluso son perseguidos por la Justicia y privados de su libertad.
La CIDH observó con «preocupación» que en los últimos años se hayan adoptado importantes reformas al marco jurídico que tienden a cerrar y no a promover el debate público.
Asimismo, denunció los «numerosos actos de violencia e intimidación» de grupos de choque contra periodistas y medios de comunicación, las descalificaciones vertidas por funcionarios de alto rango, y la apertura sistemática de procesos administrativos fundados en normas legales vagas.
La CIDH consideró «alarmante» el número de veces que se denunciaron o comprobaron ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, amenazas de muerte, abusos de autoridad y tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes estatales.
Agencias EFE, DPA y ANSA
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