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Intentan hoy revivir Magistratura
Esa oficina está bajo la órbita de la UCR y tiene un perfil bajo, de acciones muy puntuales y que será el principal señalamiento del kirchnerismo para eyectar con mayoría simple (7 votos) al secretario Jorge Meydac. La otra batalla en el plenario será por el destino del juez federal Luis Armella.
El cuerpo de auditores tiene tres integrantes referenciados en el radicalismo y una cuarta cercana a la lista celeste del gremio de jueces. En un principio las especulaciones giraban sólo en torno de Meydac, pero anoche el oficialismo ultimaba detalles para tratar toda la integración. El efecto fue inmediato y, más aún los tres primeros, comenzaron a hacer gestiones referidas a su futuro laboral.
Más allá de los nombres, la discusión elemental que surgirá en el pleno pasa por cuáles serán las funciones de una oficina que tiene un nivel de gasto salarial elevado pero que produce escasos resultados en materia de control. Esto también se debe a la anomia de los consejeros (oficialistas y opositores) que desde 2009 nunca se encargaron de revisar las funciones específicas de esa área en cuya integración influyera el senador Ernesto Sanz durante su paso por el organismo. Sin este trámite básico, la que debiera ser una dependencia crucial quedó reducida a un ámbito de tertulias de actualidad y recomendaciones gastronómicas.
Para el oficialismo es la oportunidad de reactivar el cuerpo colegiado con un asunto estructural y para el cual, a diferencia de los concursos para nombrar jueces o las acusaciones contra magistrados, sólo precisa de siete votos.
Ya es una realidad que todas las cuestiones rutilantes están atadas a la elección presidencial. Si el oficialismo triunfa en primera vuelta, la oposición jugará contrarreloj -el radicalismo en el Consejo- para que, antes del recambio legislativo (que incide en la Magistratura), lograr influir en la cobertura de juzgados determinantes en el fuero federal, donde tramitan los casos que importan al poder político y económico.
En este sentido la competencia máxima es por cuatro vacantes de la Casación Penal federal y por una silla en la Cámara que supervisa a los jueces federales de primera instancia.
