7 de mayo 2009 - 00:35

Intima AFIP a Gobierno porteño por $ 700 M

• LE RECLAMA APORTES PATRONALES MAL LIQUIDADOS. MACRI DECIDIÓ APELAR LA MEDIDA

Ricardo Echegaray
Ricardo Echegaray
La AFIP intimó a la Ciudad de Buenos Aires a realizar un pago millonario por $ 686 millones. La entidad que dirige Ricardo Echegaray reclama una deuda por contribuciones patronales que no fueron liquidadas desde enero de 2005 hasta setiembre de 2007, es decir, originada antes de que asuma Mauricio Macri (corresponde a parte de la gestión de Aníbal Ibarra y la de Jorge Telerman).

Más allá de la discusión técnica, esta exigencia -que llegó el lunes al Ministerio de Hacienda porteño- implica una nueva batalla entre el Gobierno nacional y el porteño en medio de la campaña electoral. Aunque el mismo reclamo recibieron todas las provincias que tienen transferidas sus cajas jubilatorias (Catamarca, La Rioja, Jujuy, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán), fuentes cercanas a Mauricio Macri consideran que existe una «intencionalidad política manifiesta» en la ofensiva de la AFIP.

Para recurrir esta intimación de la AFIP, el Gobierno de la Ciudad primero debería efectuar un depósito por los $ 686 millones que reclama el organismo, bajo la modalidad «pague primero y reclame después».

El procurador de la Ciudad, Pablo Tonelli, ya presentó su descargo ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, planteando dos cuestiones: en primer lugar, que la AFIP reclama una deuda inexistente y, al mismo tiempo, que se otorgue una dispensa con el objetivo de no realizar el depósito de casi $ 700 millones mientras continúa la causa judicial.

Si la Cámara rechaza el pedido del Gobierno, la próxima instancia es solicitar un amparo. Si esta etapa también fuese desfavorable también para el Gobierno de Macri, entonces la AFIP quedaría facultada para embargar a la Ciudad (y posteriormente ejecutada) por los casi $ 700 millones que reclama. Según manifiestan en la Ciudad, existen varios antecedentes en los que se consiguió la dispensa para no efectuar dicho depósito.

Esta ofensiva del organismo recaudador se basa en el Decreto 814 de 2001, que estableció una cuota única de 16% para las contribuciones patronales del sector privado y otras entidades y organismos. Sin embargo, argumentan en el Gobierno porteño, no se incluyó a la Ciudad ni a las provincias. Por lo tanto, el Gobierno de la Ciudad comenzó a pagar un 10,17% en concepto de contribuciones patronales. Ahora, la AFIP reclama una diferencia del 5,83% de la nómina salarial.

Las provincias afectadas, también intimadas por Echegaray, se presentaron ante la Corte Suprema para reclamar. Sin embargo, la Ciudad de Buenos Aires no tiene competencia para ir directo a la Corte, por lo que recurrió a la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social.

En el Ministerio de Hacienda porteño, a cargo de Néstor Grindetti, consideran que no tiene fundamento alguno el reclamo. Por lo tanto, esperan un fallo favorable de la Cámara y un pronunciamiento similar de la Corte Suprema.

Esta batalla judicial entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad es una más en la zaga que ya lleva varios capítulos, entre los que se cuentan los siguientes:

La Casa Rosada le negó el año pasado al Gobierno porteño la emisión de un bono por $ 1.600 millones, que debía contar con la autorización por el Gobierno nacional. Luego, la ANSES se negó a comprar el título, que originariamente se colocaría entre las AFJP.

La Ciudad decidió comenzar con la emisión de Letras de Tesorería para cubrir parte de las necesidades de fondos de 2008. Ya lleva colocados más de $ 300 millones. Se harían sólo una o dos colocaciones más para lo que resta del año.

En febrero, el Gobierno porteño decidió pagar en cuotas los aportes a la seguridad social de sus empleados, acogiéndose a un beneficio que permite la ANSES. La medida -que indirectamente implica que Macri se financia pagándole en cuotas al organismo- generó una fuerte reacción por parte del titular de la ANSES, Amado Boudou, y también de algunos gremios, pese a que legalmente está prevista esta alternativa.

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