Intriga judicial en liga Cambiemos demora designaciones clave

Germán Garavano y Daniel Angelici

 Germán Garavano espera resolver mañana el destino de las dos oficinas de mayor importancia del ministerio que conducirá desde el 10 de diciembre. Se trata de la representación del Poder Ejecutivo ante en el Consejo de la Magistratura y del cargo de viceministro de Justicia (Leandro Despouy tendría todos los números para esta silla aunque Santiago Otamendi no se resigna). No es una deliberación sencilla, de hecho la decisión se dará a un nivel superior al del nuevo ministro y estará condicionada por las múltiples intrigas de la liga Cambiemos en lo referido a la relación con la justicia. En el caso de la Magistratura esa carrera es entre la UCR representada por Ernesto Sanz y el sector del Pro que se identifica con el boquense Daniel Angelici. Ese poder delegado será clave porque el representante del nuevo Gobierno deberá negociar concursos para juzgados clave y activar las querellas que interesan al nuevo presidente.

Rencillas que son observadas con interés desde los tribunales de Comodoro Py. Los jueces más decisivos para la arena política tuvieron desde la noche del 25 de octubre tres etapas diferentes en su vinculación con el Pro. Primero la terminal elegida era el senador Sanz que fue proclamado ministro de Justicia con demasiada antelación y luego optó por no aceptar el cargo. Decepcionó a varios entre ellos, Rodolfo Canicoba Corral que se cansó de repetir que el senador logró el apoyo de la UCR para el pliego de su hijo en el Senado para que este fuese juez en San Martín.

Luego fue el turno de Guillermo Montenegro. El ministro porteño se instaló en los tribunales de Retiro durante una semana, siempre en el horario del almuerzo y organizó variados encuentros. Para los jueces federales era un éxito porque siempre han visto a Montenegro como un par. El paso de los días confirmó que su lugar no estaría ni en Justicia, ni en Seguridad (como el aspiraba) ni tampoco lo será en la ex SIDE. El núcleo duro del presidente electo siempre recuerda que en el caso de las escuchas su jefe político quedó procesado y el único en la cadena de mando que esquivó el caso fue él, que logró el sobreseimiento de Norberto Oyarbide.

La última etapa fue la de Angelici. El presidente de Boca profundizó sus vínculos con el fuero y agitó el dato de que una aliada de su armado conducirá la Magistratura. El plan incluía el ministerio de Justicia de la Ciudad, la fiscalía general y la magistratura porteña, la procuración del Tesoro y la representación del Ejecutivo a nivel nación. Las declaraciones de Elisa Carrió en la televisión el sábado por la noche hicieron que todo ese armado quedara en duda. Para peor, en el entorno de Angelici afirman que Macri ya conocía esas ideas de la diputada y que en ningún momento le pidió mesura. El silencio de Hernán Lombardi, sentado a la mesa de Carrió, fue solo un detalle adicional.

Este estado de falta de definiciones y de eclipse de posibles interlocutores basta para comprender el momento actual. Macri podría llegar a su asunción procesado y todo depende de Jorge Di Lello, un fiscal históricamente ligado al peronismo, o sea, la nueva oposición.

Esta realidad aparece en sintonía con otras preocupaciones como el fallo de la Corte Suprema por coparticipación o el último DNU presentado por el gobierno saliente, que amplía el gasto público y que al menos hasta anoche ningún satélite del Pro había procurado judicializar en busca de una medida cautelar en la justicia en lo contencioso administrativo. Todas estas vicisitudes tienen relación con la ausencia de un negociador por parte del nuevo poder político que producto de múltiples intrigas, todavía no termina de asimilar su estrategia para con el ámbito de los tribunales.

No es esta la función de Garavano, que es un estudioso de los modelos de justicia. Justamente, es en los papers y los tratados donde hay que encontrar las claves del nuevo ministro. Por ejemplo el caso del trabajo que redactó Santiago del Carril en 2003 referido a la Corte Suprema en el marco del FORES, la liga de académicos que integra Garavano. Ese documento, a grandes rasgos, propone un tribunal de nueve miembros y la posibilidad de dividirlo en salas según la especialidad. Otra clave sería un documento de reciente aparición elaborado por la Asociación de los Derechos Civiles, entidad que avala a Garavano, en el cual se sostiene que el cargo de procurador general no debe ser vitalicio. Inspiraciones programáticas pero que hoy se ofrecen como certezas ante un manejo político que todavía no define estilo emisarios de peso. Una incógnita que anoche intentaban develar en una reunión a puertas cerradas Garavano, Macri, Sanz y Angelici.