Intrigas en un país entregado al suicidio

  La sangre llegó al río. El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, hizo uso de los últimos jirones que le restaban de su viejo poder y, actuando como un "hombre bomba", se detonó ayer con la intención de llevarse con él a Dilma Rousseff.

Como contó varias veces este diario, Cunha, líder del ala opositora del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), se había entregado a una táctica extorsiva para salvar su mandato, en medio de denuncias (constatadas) de que tenía cuentas con fondos negros en Suiza y otras más recientes (aún no confirmadas) de que el caído en desgracia banco BTG Pactual lo había "adornado" con 45 millones de reales (unos 12 millones de dólares al cambio actual) para impulsar una ley que la beneficiara impositivamente.

El asuntos de las cuentas en Suiza, supuestamente alimentadas con fondos desviados de Petrobras, había motivado la apertura de un proceso en su contra en el Consejo de Ética de la cámara baja. La razón no era ni siquiera la presunta corrupción y la evidente evasión tributaria; se consideró que su "falta de decoro" había pasado por mentirle sobre la existencia de esas cuentas a la Comisión Parlamentaria de Investigación del "Petrolão".

Cunha, entonces, negoció a dos puntas: con la oposición, para obtener impunidad a cambio de hacer uso de su facultad constitucional y habilitar el proceso de juicio político contra Dilma; con el oficialismo, a cambio de bloquearlo.

Algo llamativo ocurrió el martes dentro del Partido de los Trabajadores, cuando su conducción instó a sus tres miembros en el Consejo de Ética a votar a favor de la apertura de un proceso interno contra Cunha. Esos votos, se sabía, era cruciales para el resultado, que se conocerá, en principio, en la reunión del martes próximo. Para el acusado, mantener su banca implica seguir teniendo fueros, estar a salvo de un arresto (debería ser sorprendido delinquiendo "in fraganti" para ir a la cárcel) y, eventualmente, ser juzgado por el Supremo Tribunal Federal (corte suprema) y no por el implacable juez federal Sérgio Moro, responsable de la operación "Lava Jato".

Demasiado desesperado como para guardar las formas, Cunha había advirtió entonces al palacio presidencial del Planalto que eso gatillaría su aval al inicio del proceso de "impeachment".

Uno de esos diputados petistas, Zé Geraldo, dijo que el jefe de la cámara había sacado una "ametralladora" y que le había puesto "un cuchillo en el cuello" al Gobierno. Cunha ayer cumplió. ¿El que avisa no traiciona?

Mientras, trascendió que Luiz Inácio Lula da Silva reaccionó con perplejidad a esa decisión partidaria: "Ellos deben saber lo que están haciendo", le atribuyeron haber dicho. El Instituto Lula salió ayer a desmentir que el exmandatario, que a su vez se asume como el blanco final de los jueces y fiscales de la operación "Lava Jato", haya dado semejante muestra de alarma.

Esta saga es lo que, se supone, alegará el Gobierno ante el STF para impugnar la apertura del proceso contra la presidenta: argumentará que Cunha actuó con fines extorsivos.

Con su actitud, Cunha apunta a embarrar la cancha en el proceso disciplinario que se le sigue. Su problema es que tiene demasiados enemigos. "Nadie lo va a decir en público, pero siempre fue un experto en hacerle llegar a una empresa la versión de que un grupo de diputados, normalmente aquellos en cuyas campañas colabora, impulsarían un proyecto que podría resultarle perjudicial. Luego, claro, lograba traer a esa empresa a su despacho...", le dijo a este periodista en Brasilia una fuente que conoce muy bien esos enjuagues.

Políticos, senadores y varios de los hombres de negocios más importantes de Brasil están presos, sospechados o condenados por corrupción. Las pruebas contra ellos son sólidas, aunque endebles en muchos casos los argumentos para mantenerlos meses en prisión preventiva con el único fin de quebrar su voluntad y convertirlos en "delatores".

Mientras, ya aparecen mencionados en escuchas ministros del Supremo, aparentemente dispuestos a negociar impunidades. Además, tambalean por presuntas corruptelas los presidentes de las dos cámaras del Congreso, Cunha y el senador Renan Calheiros (del PMDB oficialista). Dilma y Lula esperan en la fila.

Con su extendida corrupción, su economía en depresión y ajuste sin fin, con su sálvese quien pueda y sus sospechas generalizadas, el Brasil al que hasta hace poco todo parecía sonreírle, parece hoy decidido a suicidarse.