Investiga la Justicia si castiga a ‘‘metrodelegados’’

Horacio Rodríguez Larreta

Después del paro de diez días del servicio de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, que llevó adelante la agrupación conocida como «metrodelegados», la Justicia y el Gobierno porteño buscan sancionar a los sindicalistas.

Una denuncia de la empresa Metrovías, concesionaria del servicio, dio inicio a una investigación judicial para verificar si los activistas violaron el Código Contravencional de la Capital Federal y les corresponden sanciones. A eso se suma la multa que dispuso el Gobierno porteño por incumplimiento de la conciliación obligatoria que había dictado el viernes pasado la Secretaría de Trabajo del distrito, pero además el jefe de Gabinete de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que insistirá para que les nieguen la personería gremial a los «metrodelegados».

La concesionaria Metrovías denunció a los sindicalistas ante la fiscalía porteña a través de un llamado telefónico, y el fiscal del fuero Contravencional Penal y de Faltas, Walter López, ya ordenó las primeras medidas de prueba. Se trata de verificar si los «metrodelegados» incurrieron en un acto ilegal previsto en el artículo 69 del Código Contravencional que señala que a «quien afecta intencionalmente el funcionamiento de los servicios públicos de alumbrado, limpieza, gas, electricidad, agua, teléfono, transporte, correo o transmisión de datos» se le aplicará una sanción de $ 1.000 a $ 5.000 de multa o arresto de dos a diez días.

La denuncia se realizó antes del levantamiento del paro, cuando los «metrodelegados» desacataron la conciliación obligatoria. La empresa habría señalado que la asociación gremial impedía que otros trabajadores pudieran restablecer el servicio, ya que argumentó que la UTA -gremio enfrentado a los «metrodelegados»- no adhería al paro y sus afiliados podrían ser testigos del supuesto impedimento.

Por eso la fiscalía intenta obtener prueba sobre el presunto intento de algunos trabajadores de restablecer el servicio y la supuesta obstrucción de los sindicalistas para que no lo hagan.

Por su parte, Rodríguez Larreta explicó ayer que «entre las medidas que se tomaron de sanción por no haber acatado la conciliación obligatoria, una de ellas es la multa de 4,9 millones de pesos y la otra es la denuncia ante el Ministerio de Trabajo para pedir que les quiten la personería», aludiendo al trámite que están realizando los «metrodelegados» para obtener status formal de gremio que actualmente no poseen. «Son medidas previstas ante el incumplimiento de los metrodelegados a la conciliación obligatoria», agregó el funcionario macrista.

A la vez, el jefe de Gabinete volvió a considerar que el conflicto es «netamente político», y que el Gobierno porteño quiere hacerse cargo del subte «pero eso requiere que haya un acuerdo, en el cual sólo pedimos que hagan las obras que el Gobierno nacional había comprometido, y que son fundamentales para garantizar la seguridad de la gente. No es que queremos que hagan todas las obras y después asumir el subte, pero por lo menos que presenten un plan de obras».