Investigan más pagos ilegales

La investigación por el presunto pago ilícito de $ 54 millones por parte del Estado al grupo de Aseguradoras Accolade Pool se ha profundizado en el Ministerio de Economía: ya no se buscan solamente datos relacionados a este caso puntual, sino que ahora los funcionarios rastrean otros expedientes con una modalidad de reclamo similar, lo que podría devenir en el descubrimiento de un negocio multimillonario por contratos firmados con organismos del Estado, en el que funcionarios y gestores se habrían enriquecido a costa de las arcas públicas.
El Ministerio busca evitar nuevos escándalos a partir de la presunción de que puede existir una matriz que se desarrolló a lo largo de los años en torno a antiguas demandas millonarias contra el Estado. Ciertos funcionarios (hoy en observación) habrían ido localizando estas causas y aplicado siempre la misma modalidad: «dormir» el expediente, contactar a los querellantes e intentar «comprar» el caso. A partir de ahí, las causas empezarían a avanzar, las cifras a crecer. Es decir, los funcionarios se convertirían en «socios» de los demandantes y cobrarían por agilizar ciertos reclamos.
Un caso modelo es el pago por el buque Navenor, reclamado por Astilleros Mestrina desde 1981. El expediente del desembolso de $ 5.408.498 a la empresa está caminando por todo Economía» y se investiga cómo fue el pago y quiénes participaron en él. El reclamo cobrado en marzo de 2001 se remontaba a una demanda contra el Estado en 1981, por la construcción de un buque. Veinte años después (y sin siquiera mediar una discusión sobre la prescripción del caso), la Dirección General de Administración y la Dirección de Entes Liquidados viabilizaron el pago, aparentemente sin consultar los antecedentes del caso y sin tener en cuenta la auditoría que en su momento había realizado Price Waterhouse respecto de la empresa. Los beneficiarios en esa oportunidad fueron dos: Mestrina recibió $ 1.849.277,35, mientras que Donatel SA (previa cesión de pago del astillero) cobró el resto de la suma. Tanto la empresa uruguaya, como su apoderado en ese momento, Walter Oscar Bonavera, son investigados hoy en la denuncia por el presunto pago fraudulento a Accolade Pool.
El sospechoso pago a Mestrina habría sido aprobado por el entonces subsecretario de Administración Patrimonial, Andrés Troha.
En el área ya trabajaban para entonces el ex director de Administración y ex subsecretario -sucesor de Troha-, Juan Cayetano Intelisano (señalado como el supuesto responsable del pago de los $ 54 millones y suspendido de su cargo hace 10 días por esa razón), así como Yolanda Eggink, ex directora de Asuntos Jurídicos (procesada en el caso Greco e implicada en la causa Meller, actualmente bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal, si bien Economía nunca firmó su pase a otro ministerio).
El empresario croata, Johann Holjevac (señalado como el principal beneficiario del pago a Accolade Pool), también ya hacía tiempo que circulaba por ahí, especialmente interesado en los temas relacionados con la Dirección de Entes en Liquidación (que manejaba casos como los de la ex Caja Nacional de Ahorro y Seguro, los préstamos y deudas del Fondo de Marina Mercante, los de Obras Sanitarias y Ferrocarriles Metropolitanos, entre otros).