Jueces denuncian más presiones políticas

La avanzada de los jueces nacionales en sus denuncias de presiones por parte del oficialismo al Poder Judicial vio sólo el comienzo con el pedido a la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, de que se pronuncie en contra de la solicitud de juicio político impulsada por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, a cinco camaristas de la Cámara de Casación. Desde la Asociación de Magistrados y Empleados del Poder Judicial ya anunciaron que ampliarán la denuncia y requerirán a la delegación, coordinada por las ministras Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay, que también se expida en contra del proceso iniciado contra tres miembros de la Cámara de Apelaciones de Mendoza, investigados por el Consejo de la Magistratura.
Los magistrados volverán a reclamar así que se respalde a los jueces a cargo de causas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el último Gobierno militar. La mayoría se encuentra en la mira del Gobierno, desde que se conoció en diciembre pasado el fallo de Guillermo Yacobucci y Luis García, que dictaba la excarcelación de Alfredo Astiz, Jorge Acosta y otros 19 marinos por exceso de prisión preventiva sin condena firme. Es decir que, en un futuro próximo, parte del máximo tribunal deberá expresar su posición sobre un tema en el que ha procurado ser medido y apuntar al diálogo entre los tres poderes.
En este caso, pedirán que la comisión se pronuncia en contra del proceso de juicio político iniciado a los integrantes de la sala B de la Cámara de Apelaciones de Mendoza, Alfredo Juan Cuitiño, Carlos Pereyra González y Julio Demetrio Petra, por la misma razón que a los otros camaristas: haber dictado excarcelaciones en este tipo de procesos, aplicando la doctrina Díaz Bessone (fallo plenario de Casación que limitó el alcance de la prisión preventiva).
El titular de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, adelantó ayer que enviará un comunicado sobre los jueces mendocinos, ya que su caso es muy similar al de los integrantes de la Casación. El camarista, y también miembro de la delegación, advirtió sin embargo que la definición sobre el tema no sería inmediata, ya que las ministras de la Corte deben convocar a una reunión especial porque las cosas en el Poder Judicial «llevan su tiempo». La Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial además está integrada por el presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, Abel Fleming, y el presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (Jufejus) y ministro de la Corte de Santa Fe, Rafael Gutiérrez.
La presentación remitida al comité especial de la Corte y firmada por 75 jueces nacionales plantea una dura crítica a Eduardo Luis Duhalde y su subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Hipólito Alén, quienes oficiaron como denunciantes en representación del Poder Ejecutivo. La carta advierte una «franca amenaza» a la independencia del Poder Judicial, ya que de la imputación presentada «surge con claridad» que la acusación se debe a una «discrepancia con el contenido de sus fallos». En este sentido, los jueces recuerdan que, según la III Conferencia Nacional de jueces y la Constitución nacional, «ningún juez puede ser juzgado, perseguido ni removido por el contenido de sus sentencias».
El escrito destaca que «la afectación a la independencia judicial no se limita a la persecución de los magistrados que ya han fallado en un determinado sentido sino que claramente se extiende en amenaza franca a quienes deban resolver los recursos o deban pronunciarse en situaciones similares», además de apuntar contra los representantes del Poder Ejecutivo, a quienes acusa de atribuirse la potestad para resolver cuestiones que corresponden exclusivamente a la magistratura.