Justicia confirma multa a gremio

Neuquén - Tras la apelación de ATEN, los jueces de la Cámara Civil II neuquina respondieron sobre los alcances del derecho a huelga pero ratificaron el fallo que obliga al gremio docente a indemnizar a la concesionaria de la Ruta 22 con $ 206.558 por el bloqueo realizado en 2003 en el puente que une la provincia con Río Negro. En tanto, la decisión judicial continúa sumando rechazos por parte de organizaciones sociales y políticas.

Al conocer el fallo, los dirigentes de ATEN apelaron el fallo argumentando que su accionar fue «legítimo no constituyendo delito civil ni criminal, por cuanto ejerció su derecho constitucional de peticionar ante las autoridades mediante la huelga».

Los magistrados Patricia Clérici, Federico Gigena Basombrío y Marcelo Medorino coincidieron en que la huelga es un derecho de rango constitucional que está especialmente garantizado en el artículo 14 bis de la Constitucional nacional y en el 55 de la Carta Magna provincial, donde se lo reconoce como medio de defensa de los trabajadores y de las garantías sociales. Pero también ratificaron que el pleito que fue abordado por la Cámara Civil II estuvo directamente vinculado con el piquete en el puente carretero en la Ruta Nacional 22, y que ATEN fue responsable del corte del tránsito vehicular durante más de diez días y de la interrupción del pago de la tarifa del peaje previsto para el acceso y salida hacia ambas provincias.

«Nuestros abogados han presentado un recurso ante Casación», señaló el vocero del gremio, Camilo Álvarez, y completó que de ese modo se cuestionó, además del monto fijado en la sentencia, el hecho de que la empresa concesionaria del peaje sobre la Ruta 22, Caminos del Valle, no es titular de los bienes que se mencionan como dañados.

A la puja sindical contra el fallo, se sumó el Partido de los Trabajadores Socialistas, que lo consideró escandaloso y lo tomó como un ataque directo a la organización gremial. Asimismo, desde la agrupación docente Frente Indigo afirmaron que ésta, entre otras cosas, es una forma de «condena económica a las organizaciones sociales, políticas y sindicales».