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Justicia congela en invierno aumento del gas en Mendoza
En el fallo -aún falta la resolución de fondo- se confirma nuevamente "la suspensión de la aplicación de las resoluciones 226/2014 de la Secretaría de Energía y 2.847/2014 del Ente Nacional Regulador del Gas, sólo respecto al rubro 'Precio del gas'". No obstante, esta vez se autoriza "a la Sociedad (Ecogas) a que facture y cobre exclusivamente los componentes de transporte y distribución, en tanto y en cuanto no haya una incidencia sobre facturas superior a $ 22 promedio por mes", es decir, una suba ínfima.
La puja
La puja comenzó en junio de 2014, cuando Arrabal de Canals dejó firme una acción de amparo interpuesta por la ONG "Defensa del Consumidor Protectora" dos meses antes: si bien esa sentencia prohibió imponer nuevos cuadros tarifarios respecto de dos tramos de ajustes previstos -para el 1 de junio y el 1 de agosto de ese año-, autorizó a la empresa a mantener las tarifas con la primera suba, activada el 1 de abril.
Al vencerse los 120 días de la medida cautelar, la jueza prorrogó -en noviembre de 2014- la acción por cuatro meses. Así, impidió que Ecogas modificase el costo del metro cúbico a facturar a los usuarios al menos hasta principios de abril.
La titular del Juzgado Federal N° 2 de Mendoza también dejó claro en ese fallo que no podía, según lo planteado por el Ministerio de Planificación Federal de la Nación -a instancias de la empresa- reponer los cuadros autorizados por la Secretaría de Energía, que avalaban los aumentos sucesivos en junio y agosto de hasta el 100%. Así quedaron congeladas las tarifas hasta este otoño pero, ahora, esa acción también se efectivizará durante todo el invierno.
Tras la nueva decisión de la magistrada, el responsable legal de Protectora, Mario Vadillo, adelantó que la ONG irá por más y se presentará ante la Cámara Federal de Apelaciones para rechazar la minisuba de $ 22.
"Esta decisión se basa en la necesidad de cubrir los gastos mínimos de la empresa para seguir funcionando. Cualquier ajuste debe hacerse conforme a la ley, mediante audiencia pública y con un preaviso a los usuarios. Un aumento puede o no ser legítimo, pero en el caso de un servicio público, no puede aplicarse sin esas consideraciones. Por eso vamos a apelar ante la Cámara", destacó Vadillo en representación de la ONG.


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