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Justicia, sin feria: causas políticas copan tribunales
• TRASPASOS, CONCURSOS Y CONFLICTOS MARCAN LA AGENDA DURANTE RECESO
Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda
•Desde ayer la polémica por la ley de medios ha regresado a la Corte Suprema. Ricardo Lorenzetti se encuentra ausente pero Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda ya estudian la guerra de cautelares que ha desatado la intervención de la AFSCA y la remoción de Martín Sabbatella. El desmadre de medidas contradictorias entre jueces de diverso rango, jurisdicción y competencia puede terminar en un pedido de "per saltum" para que sea la Corte la que defina la cuestión. La clave está en quién requerirá la medida y, más aún, si el tribunal está dispuesto a arrancar el año con un tema tan espinoso. De prosperar esa acción, ingresaría en la Secretaría de Derecho del Consumidor (porque son asociaciones de ese rubro las que litigan en el caso) que actualmente se halla bajo la órbita de Highton de Nolasco.
•El Gobierno apeló la última cautelar que repuso a Sabbatella pero en realidad es una acción de corto alcance. Las cautelares interinas no son apelables. Es lo que posiblemente hoy escucharán los abogados del Gobierno. Por otra parte, este viernes expira la última cautelar lograda por el Grupo Clarín para evitar adecuarse a la ley de medios. Posiblemente el estado actual de incertidumbre continuará hasta ese momento lo cual generará nuevas escaramuzas en los tribunales.
•El Consejo de la Magistratura es otro frente decisivo. Ayer su titular, el académico Miguel Piedecasas, se reunió con el ministro Germán Garavano. Es el segundo encuentro en menos de un mes. Es entendible: la cartera de Justicia planifica dos leyes que le atañen directamente al cuerpo colegiado, una respecto a su composición y otra referida a las subrogancias que es más urgente desde que la Corte invalidara la norma más reciente votada por el kirchnerismo. Además, el Consejo tiene por delante analizar la situación de si finalmente el diputado Pablo Tonelli asume como representante por la Cámara de Diputados. Ocurre que aún en el caso del bloque que responde al Gobierno en la Magistratura, se ha instalado la idea de que en lugar de analizar la designación en el pleno (como pide la Corte), primero se debería agotar la vía jurisdiccional. O sea, la cautelar que frenó la jura debería ser analizada por la Cámara, apelada y de allí al cuarto piso. La Magistratura ya tiene un antecedente cuando los consejeros eludieron decidir por ellos mismos si el senador Ruperto Godoy estaba bien o mal designado.
•La Casación Penal federal es otro terreno a dirimir. La primera misión que tiene por delante Alejandro Slokar, nuevo presidente del máximo tribunal en materia penal es respecto a la justicia de ejecución penal que por estos días ofrece vinculaciones estruendosas con la trama de General Alvear. La Cámara tendrá cuestiones a tratar ahora que se ha efectivizado el traspaso del Patronato de Liberados que debe controlar a las personas que cumplieron penas en prisión. Ese ente estuvo desde siempre controlado por una ONG y ahora será responsabilidad del Estado. La Casación también será el primer destino VIP cuyas vacantes tratará la Magistratura. El bloque del peronismo en el Consejo aspira a repartir las cuatro vacantes con el oficialismo macrista. En esa intriga es crucial el rol de los jueces que controlan la comisión de Selección (Luis Cabral es el presidente) . Además este año los magistrados tienen votación en su gremio lo cual le dará a cualquier armado de terna, un aroma proselitista según quienes sean los elegidos para cubrir vacantes. Las tres corrientes que se dirimen el control de la Asociación de Magistrados tienen asiento en la Magistratura.
•En los próximos días el Gobierno jugará cartas de respaldo para Carlos Rosenkrantz que es, más allá de cualquier corrección política, el hombre que el presidente desea en la Corte (Rosatti es el guiño al peronismo). Por eso mientras un grupo de abogados redacta la respuesta a las impugnaciones recibidas, también se consiguen respaldos de larga distancia. A saber: Bruce Ackerman, profesor estrella de la Escuela de Derecho en la Universidad de Yale y exclerk en la Corte Suprema de Washington; Owen Fiss, constitucionalista estadounidense de tendencia liberal y funcionario del Departamento de Justicia a cargo del área de Derechos Civiles en la década del 60 (cuando se dictaron las leyes contra la segregación racial) y, ya a nivel regional, Roberto Mangabeira Unger, filósofo brasileño de ascendencia sobre el PT gobernante.


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