Justicia uruguaya procesa a ex espía

 La Justicia uruguaya procesó ayer con prisión preventiva a un ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) argentina, por el presunto delito de «conocimiento fraudulento de documentos secretos», tras robar información sobre el armamento de la Policía uruguaya.
El acusado, Iván Velázquez, habría copiado un registro de armas con la identidad de sus portadores, al ser llamado por la Policía para arreglar un sistema informático que él mismo había creado y donado a las autoridades.
El ex agente de la SIDE ya había sido procesado sin encarcelamiento en diciembre pasado, por los supuestos delitos de «cohecho simple» y «utilización indebida de información privilegiada», luego de que se comprobara que había pagado a un policía para acceder a información de la Dirección Nacional de Migración. Previo a su primer procesamiento, el ex espía también habría intentado saber si un juez y funcionarios del Gobierno argentino tenían propiedades en Uruguay.
En esta oportunidad, la jueza a cargo del caso, Graciela Gatti (especializada en crimen organizado) incrementó la seriedad de los cargos y definió así el encarcelamiento. Según el dictamen, la acusación apunta al que «por medios fraudulentos, se enterare del contenido de documentos públicos o privados que por su propia naturaleza debieran permanecer secretos, y que no constituyeran correspondencia». De acuerdo con la investigación judicial, el acusado obtuvo información sobre las armas en poder de 60 miembros de la Jefatura de Policía de Montevideo, con sus identificaciones.
Velázquez se había radicado en Montevideo en mayo pasado, cuando llegó a la ciudad pidiendo asilo político. Según el ex agente, su vida corría peligro, ya que el Gobierno argentino lo perseguía porque se había negado a intervenir el correo electrónico de personalidades políticas. El acusado se habría dedicado hasta ese momento al espionaje de políticos, jueces y personas públicas con el aval del Gobierno. De hecho, la Justicia uruguaya estima que el acusado habría interceptado unos 700 correos electrónicos de políticos y empresarios de la Argentina y Uruguay, entre los que figuran el ex presidente Néstor Kirchner, el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, y el embajador argentino en Montevideo, Hernán Patiño Mayer.