"David Miranda interpuso una demanda civil sobre el material electrónico (teléfono móvil, dispositivos USB, DVDs y videojuegos) y la forma en la que fue tratado", cuando fue detenido en el aeropuerto de Heathrow durante una escala en su viaje a Río de Janeiro donde vive con Greenwald, anunció el editor en jefe del diario, Alan Rusbridger.
La firma de abogados londinense Bindmans, que representa al joven brasileño, trata de obtener una orden oficial para evitar cualquier "inspección, copia, divulgación, distribución o interferencia" de la información que guardaba su cliente.
Miranda, que actuó como una especie de correo entre Greenwald y su colega de investigación, Laura Poitras, que vive en Berlín, exigió a la presidenta Dilma Rousseff se expida sobre lo ocurrido.
"Quisiera conocer su posición sobre este caso. Soy brasileño. Espero que la líder del Estado tenga una posición frente a este abuso de poder contra un brasileño", dijo.
El Ministerio británico del Interior justificó ayer la detención de Miranda y confirmó estar al tanto del arresto. La ministra Theresa May declaró haber sido informada con anticipación sobre la operación pero aseguró que la decisión fue tomada únicamente por la Policía. "Vivimos en un país en el que las decisiones sobre la detención de alguien no me corresponden a mí sino a la Policía. Es absolutamente adecuado que tengan independencia operacional", indicó en una entrevista a la cadena pública BBC.
En ese mismo sentido, un portavoz de Downing Street comentó que la oficina del primer ministro David Cameron estuvo "al tanto de la operación", si bien resaltó que "el Gobierno no dirige investigaciones policiales".
May justificó además la invocación de la ley contra el terrorismo en la retención de Miranda. "Si la Policía piensa que una persona posee documentos robados altamente sensibles que podrían ayudar al terrorismo, debe actuar y la ley le ofrece el marco para hacerlo", señaló.
"Se puede utilizar la imaginación todo lo que se quiera, pero esto no tiene nada que ver con terrorismo", aseguró la presidenta de la organización Reporteros Sin Fronteras en Reino Unido, Heather Blake.
En un editorial, el diario The Times, cercano al Gobierno, instó ayer a la Policía a "clarificar la utilización" de esta ley en el caso de David Miranda. El rotativo The Independent se mostró, por su parte, "escandalizado" por el recurso a esta ley en un caso que "nada tiene que ver con el terrorismo".
| Agencias AFP, DPA y Reuters |
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