La canasta alimentaria de Moyano es un 52% más cara que la de Moreno

Hugo Moyano

Hugo Moyano activó ayer los mecanismos de su CGT en contra del Gobierno. Atacó al INDEC al señalar que de acuerdo con mediciones sindicales sus canastas alimentarias son el 52% más caras que las medidas por el organismo oficial; avanzó con una iniciativa judicial para reclamar fondos para las obras sociales, y adelantó que denunciará al Ejecutivo ante organismos internacionales por su intervención en la disputa interna por el control de la central obrera. Además, ayer resolvió que no participará de la próxima convocatoria al Consejo del Salario, donde planeaba reclamar una suba del 50 por ciento.

Fue lapidario el resultado de la reunión del consejo directivo de la CGT de Moyano. Aunque no hubo mayores detalles en la conferencia de prensa posterior, en el encuentro se informó que las mediciones preliminares de inflación -hechas por la estructura de la propia organización junto con datos privados- dieron cuenta de una suba interanual del 28 por ciento.

El camionero eligió que se comunicara otra conclusión: un relevamiento hecho sobre 50 productos de la canasta básica alimentaria que mide el INDEC arrojó un diferencial del 52%. En la central explicaron que esa canasta cuesta, para el organismo intervenido por Guillermo Moreno, alrededor de 1.100 pesos, mientras que las mujeres de la CGT encargadas de averiguar precios en comercios establecieron un valor aproximado de 1.740 pesos. Si bien el propósito inicial de Moyano era anunciar datos propios de pobreza, desempleo e indigencia, los sindicalistas dijeron que se hará en una etapa posterior, una vez asentada una estructura con ese objetivo dentro de la CGT.

La resolución que más preocupará al Gobierno pasó por los fondos de las obras sociales. La central de Moyano anunció que el martes próximo hará una reunión con presidentes de esas entidades como paso previo al inicio de juicios en demanda de recursos retenidos, tal como anticipó este diario. Calculan que al menos 30 obras sociales están en condiciones de presentarse ante la Justicia y denunciar una supuesta retención indebida de fondos por parte de los funcionarios.

El jefe del sindicato de canillitas y secretario de Prensa de la CGT, Omar Plaini, dijo que hay un progresivo «desfinanciamiento de las obras sociales» por falta de recursos derivados de la Administración de Programas Especiales (un organismo que fue absorbido por la Superintendencia de Salud y quedó bajo el control de funcionarios alineados por completo con Cristina de Kirchner) y del Fondo Solidario de Redistribución, que captura una parte de la recaudación de las entidades de salud y que se calcula que en la actualidad acumula unos 15 mil millones de pesos.

Desde el gremio de camioneros, Moyano ya hizo dos presentaciones ante la Superintendencia que hasta anoche no habían obtenido respuesta. Cumplidos los plazos, el dirigente prometió que será el primero en demandar al Estado por presunta «administración fraudulenta» e «incumplimiento de deberes de funcionario público».

En tanto, Plaini dio a conocer que ese sector de la CGT denunciará al Gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Federación Internacional del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés), por presunta injerencia en la disputa por el control de la central sindical. Y que además se hará una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los planteos internacionales tienen que ver con las denuncias que hizo el Gobierno contra Moyano y el gremio de camioneros frente al paro de combustibles de semanas atrás, y ante la impugnación que acogió el Ministerio de Trabajo al proceso electoral que terminó con la reelección del dirigente.

Hubo otro capítulo dedicado a la próxima convocatoria al Consejo del Salario. Plaini confirmó que el sector reclamará un piso de $ 3.500, lo que representaría una suba de más del 50% respecto del actual, de 2.300 pesos. El canillita dijo además que Moyano presentará su propia nómina de representantes y que desconocerá una eventual reiteración, por parte del Gobierno, del listado de participantes del año pasado, como adelantó este diario. La decisión de fondo del camionero, sin embargo, es no concurrir al debate. Hacerlo implicaría avalar la impugnación de la cartera laboral. En cualquier caso, Moyano se hubiera enfrentado a una mayoría de sindicalistas afines al Ejecutivo y dispuestos a firmar una suba del 25 por ciento.

También se resolvió apoyar los conflictos salariales que mantienen los gremios de canillitas, de petroleros patagónicos y de empleados del Banco Ciudad, así como los proyectos de ley en el Congreso para reclamar la universalización y suba de las asignaciones familiares y para poner fin a las tercerizaciones.